Planes con eficacia por demostrar
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció el jueves en el Congreso para presentar un nuevo paquete de medidas anticrisis. Valorado en 11.000 millones de euros, tiene mucho que ver con los planes que barajaba el Ejecutivo hace dos o tres años para compensar la que entonces se preveía como una mera desaceleración económica.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, era consciente por entonces del inminente deterioro de la construcción y de su previsible incidencia en términos de paro, dado que se trata de un sector muy intensivo en empleo. Los planes de Economía, en tanto se construían las bases para un nuevo modelo productivo (más centrado en la investigación y la tecnología), pasaban por atemperar el pinchazo de la burbuja inmobiliaria recurriendo a la obra pública. Para este tipo de casos, en definitiva, se habían acumulado superávits durante tres ejercicios consecutivos y se había logrado reducir la deuda pública por debajo del 40% del producto interior bruto. Es lo que Moncloa reclama una y otra vez con el lema 'margen de maniobra'. De los 11.000 millones del paquete anunciado el jueves, 8.000 corresponden a transferencias a los ayuntamientos para que pongan en marcha de inmediato obras públicas y absorban parte del desempleo de la construcción (hasta 300.000 parados quedarán recolocados, según Economía). En definitiva, corresponden al plan original del Gobierno que en ningún caso preveía un escenario de recesión. Sin embargo, la ligereza de algunas entidades financieras y agencias de calificación en EE UU introdujo un factor que, fruto de la globalización, se ha colado por la ventana de la economía española como un vendaval para sumirla, según los analistas, en al menos un año de crecimiento negativo.
80 medidas desde marzo
La congelación del crédito, con las consecuencias sangrantes que ya se están dejando ver en el mercado laboral, ha llevado al Gobierno a la presentación de siete planes económicos contra la crisis desde su toma de posesión tras las elecciones generales del 9 de marzo.
Dada su muy variada naturaleza, resulta complicado llegar a una suma del coste de un conjunto de actuaciones que, según Zapatero, se acerca a las 80, aunque la enumeración del Ministerio de Economía las limita a algo menos del medio centenar. En todo caso, nadie puede dudar de que son muchas. Se incluyen entre ellas medidas en las que el Estado sirve como avalista bancario o garante de depósitos, por cantidades potenciales de decenas de millones de euros aunque con un coste directo para las arcas estatales mucho más limitado.
En cuanto a las medidas centradas directamente en estímulos fiscales, ya sea vía reducción de impuestos o vía aumento de gasto e inversión pública, alcanzan, según el Ejecutivo, los 26.000 millones de euros, lo que equivale al 2,6% del PIB. El montante es considerable, si se tiene en cuenta que la recomendación surgida de la reunión del G-20 ampliada de Washington situaba la intervención pública en el 2% del PIB, y que la propuesta de la Comisión Europea presentada la semana pasada la limita al 1,5%.
Zapatero reclamó ayer mismo a la Unión Europea un Pacto por el Empleo, que complemente al vigente Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 'para que todas las políticas comunitarias y de los países miembros tengan como prioridad el empleo'. Detrás de la reclamación subyace una búsqueda de mayor coordinación europea frente a la crisis, que hasta hoy ha brillado por su ausencia.
Lo que está por comprobar, en todo caso, es la eficacia de una intervención pública en la economía que disparará el déficit público muy por encima del umbral del 3% del PIB que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y supondrá un aumento notable de la deuda pública. El director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, critica que las medidas anunciadas la semana pasada suponen 'mantener empleo artificialmente', si bien son mayoría los expertos que consideran imprescindibles esas actuaciones si no se quiere entrar en una crisis de consecuencias sociales insostenibles.
Es cierto que el Gobierno incluye entre estos estímulos fiscales algunos aprobados antes de que hubiera en el horizonte siquiera indicios de la crisis económica. Es el caso del segundo recorte del tipo gravamen en el impuesto de sociedades y también, si se cree el discurso minimizador de la 'desaceleración económica' que promovió el Ejecutivo antes de las elecciones, de la devolución de 400 euros en la declaración del IRPF.
Subasta semidesierta
Respecto a la capacidad de las actuaciones para amortiguar el impacto de la crisis, algunas de ellas ofrecen motivos de preocupación. Así, el recorte del impuesto sobre la renta ha sido insuficiente para evitar la paralización del consumo en el tercer trimestre. Pero el fracaso más rotundo se centra en el fondo para la adquisición de activos de alta calidad. Destinado a insuflar liquidez al sistema financiero, en su primera subasta se colocaron sólo 2.115 de los 5.000 millones disponibles. Emilio Ontiveros, presidente de AFI, considera que 'al no acudir, la banca hace un flaco favor a la economía y a sus propios accionistas, temerosa del qué dirán'. El caso es que, de momento, una de las medidas estrella para revitalizar el crédito ha fracasado. Por su parte, el test de los 300.000 empleos recuperados se comprobará durante el próximo año. Lo que parece claro es que, incluso si las numerosas medidas anunciadas tienen éxito, sólo podrán reducir el tamaño del agujero en el que, inevitablemente, se despeña la economía española.