Los inspectores creen que el plan antifraude nace sin fondos
La actualización del plan de prevención del fraude fiscal, cuyo borrador hizo público el jueves el Gobierno, ha decepcionado al colectivo de inspectores de tributos, que lo califican de papel mojado. La Organización Profesionales de Inspectores de Hacienda del Estado tilda el texto de 'poco ambicioso' y asegura que muchas medidas no podrán llevarse a cabo ya que el presupuesto de la Agencia Tributaria se ha reducido un 2,9% para 2009.
El borrador del plan de prevención del fraude fiscal fija objetivos como intensificar la persecución de las tramas más complejas, mejorar la gestión del cobro de la deuda, potenciar los servicios informáticos de la Agencia o elevar las obligaciones informativas de la banca. Sin bien los inspectores están de acuerdo con todo ello, avisaron el viernes, durante la clasura de su XVIII Congreso en Valencia, que el nuevo plan 'carece de medidas concretas' para lograr esos objetivos. Además, consideran que resulta contradictorio aprobar un plan para intensificar la lucha contra el fraude a la par que se reduce el presupuesto de la Agencia Tributaria con el argumento de la crisis económica.
De hecho, denuncian que, descontada la masa salarial, el presupuesto destinado el próximo año a mejorar la formación, la gestión y las herramientras para combatir el fraude cae 'muy por encima del 3%'. Ante la falta de recursos, los inspectores defienden que una de las prioridades sea que la deuda descubierta en actas finalmente se cobre. En la actualidad una parte de las actas acaban por no cobrarse porque los deudores se declaran insolventes.
Así, los inspectores proponen no seleccionar para las investigación a las empresas que se encuentren en concurso de acreedores por la dificultad que supone cobrar la deuda. Por la misma razón, apuestan por que se reduzcan los recursos de inspección dedicados al control inmobiliario en la medida 'que muchas liquidaciones nunca se ingresarán, dada la situación actual de muchas empresas de este sector. En la misma línea, consideran 'absolutamente esencial' que las deudas más altas puedan acarrear sanciones 'inmediatamente ejecutivas'. Actualmente, cuando un presunto infractor presenta un recurso, se paraliza la vía ejecutiva, aquella encaminada a cobrar la deuda tributaria mediante embargos u otras medidas. Y muchas sanciones pueden tardar una década, hasta que exista una sentencia firme, en ser cobradas.
Por otra parte, los inspectores piden que se cree una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria, reformar 'de una vez' la tributación por módulos y una mayor especialización en materias fiscales por parte de los órganos judiciales. En este sentido, acusan al nuevo plan de prevención de no ser transversal y no englobar otras administraciones, como la judicial, con competencias en la lucha contra el fraude.
La crisis agudiza el ingenio
El colectivo de inspectores alerta de que mientras las 'autoliquidaciones en el impuesto de sociedades han caído un 35%, los beneficios empresariales han crecido un 15%'. Si bien no cree que el diferencial se deba sólo al fraude, apunta la posibilidad de que muchas empresas se apliquen bonificaciones indebidas. 'En el impuesto de sociedades hay un problema grave de fraude, más que en otros impuestos', aseguró De la Torre. Un hecho advertido también por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, que, días atrás, aseguró que se miraría con lupa' las deducciones.