Varios consejeros de la CNE reclaman cambios regulatorios
Piden una revisión de costes de la tarifa eléctrica.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha hecho público el informe que recoge la propuesta de revisión de tarifa eléctrica para el 1 de enero de 2009. Tres consejeros, Sebastiá Ruscalleda, Jorge Fabra y Jaime González han presentado un voto particular a dicho informe, al que se ha adherido la presidenta, Maite Costa, en el que reclaman un cambio normativo 'que restituya el equilibrio retributivo' que establece la ley eléctrica. El objeto de la normativa, recuerdan, es fijar una retribución suficiente y no excesiva, manteniendo al mismo tiempo una adecuada retribución del excedente de la producción entre las distintas tecnologías y entre las empresas y los consumidores.
La necesidad de un cambio se hace imprescindible, según los firmantes de este voto, a la vista de la subida de tarifas para 2009 que ha resultado de aplicar 'los ejercicios matemáticos que prescribe la normativa vigente': un 31% de subida de la tarifa, si se quiere sustanciar el déficit de tarifa de 2008.
Según el texto, el equilibrio retributivo se ha alterado por la evolución de los precios de los combustibles fósiles y apelan al informe complementario a la propuesta de tarifa eléctrica del pasado mes de julio, en el que se recalcaba la existencia 'de una significativa brecha entre precios y costes (a favor de los primeros)', que beneficia a centrales amortizadas y a las instalaciones hidráulica y nuclear, pues cobran el precio marginal que fijan en el pool las tecnologías más caras, el carbón y el gas.
En este sentido, plantean al Ministerio de Industria algunos aspectos que consideran esenciales para empezar a solucionar los problemas de la actual regulación. En primer lugar, 'la necesidad de revisar los costes que no deben ser incluidos en la tarifa eléctrica, porque no corresponden a costes en los que los clientes incurren estrictamente por consumir electricidad'. En segundo lugar, ponen en duda si los mercados a corto plazo (spot e inferiores a tres años) están adecuadamente diseñados o regulados y si son el instrumento adecuado para retribuir a los productores eléctricos, de manera que el precio que pagan los consumidores cubra suficientemente, y no por exceso, los costes de generación.
El polémico informe complementario aprobado en mayo fue rechazado de plano por las eléctricas, especialmente por Iberdrola, que mantuvo un duro pulso con la CNE. Su consejo llegó a amenazar por escrito con tomar medidas legales contra la compañía. Esta es la que cuenta con un mayor peso de producción hidráulica y nuclear.
Otros dos consejeros, José Sierra y Luis Albentosa, han presentado sus respectivos votos particulares.
Sierra asegura que, pese a haber votado a favor del informe de tarifas, 'es consciente de la imposibilidad práctica de hacer una propuesta coherente en las circunstancias actuales'. Resulta difícil de conciliar tarifas aditivas con los déficit que se han acumulado. En este sentido, cree que la solución corresponde al Gobierno, pues es el que decidió adoptar la fórmula del déficit, pues no tiene sentido forzar el marco tarifario para adaptarlo a algo que no estaba previsto.
Por su parte, Luis Albentosa, que votó en contra de la propuesta considera 'imprescindible que desaparezca la tarifa' y que la de último recurso se limite a un número reducido de consumidores domésticos. Albentosa considera que el informe de tarifa no propone revisión alguna y se opone al mismo porque incluye propuestas normativas con las que está en desacuerdo.