Caja Madrid celebra mañana su asamblea general, en pleno pulso sobre la continuidad de Blesa
Caja Madrid celebra mañana lunes su asamblea general extraordinaria, en pleno pulso sobre la continuidad de Miguel Blesa en la presidencia, entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Esta asamblea supone un paso adelante en el proceso electoral que la caja ha iniciado, frente a las pretensiones del Ejecutivo regional de paralizarlo, ya que en ella se llevará a cabo la designación de las entidades representativas y la asignación de su número de representantes.
La asamblea general de Caja Madrid es el órgano de gobierno que, constituido por las representaciones de los intereses sociales y colectivos del ámbito de actuación de la Caja, asume el supremo gobierno y decisión de la entidad.
Está compuesta por 320 consejeros generales, que son elegidos por los siguientes sectores: corporaciones municipales, impositores de la caja, el Patronato Real como entidad fundadora de la Caja, la Asamblea de Madrid, los empleados y las entidades representativas de intereses colectivos.
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ya cuenta con la autorización del consejo de la entidad para informar a la Comunidad de Madrid de su negativa de paralizar el proceso electoral en la entidad basándose en un informe jurídico.
Blesa contestará a una carta del consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad, Antonio Beteta, en la que el Gobierno regional expresaba su voluntad de interrumpir el proceso electoral de Caja Madrid, por considerar que no se atiene a la ley.
El informe jurídico que esgrimirá Blesa, elaborado por la firma Uría y Menéndez sostiene que no procede parar el proceso electoral en la caja, al estimar que el Gobierno que preside Esperanza Aguirre no tiene poder de supervisión sobre los órganos de gobierno de la caja, sino sólo sobre su actividad económica y benéfico-social.
Argumenta además que no tiene fundamento defender la interrupción del proceso basándose en la necesidad de que Caja Madrid adapte sus estatutos a la Ley de Cajas, porque la entidad ya incorporó hace años los cambios necesarios cuando se llevó a cabo la renovación parcial de sus órganos.
El Gobierno de Esperanza Aguirre considera que el proceso de renovación de cargos iniciado por Blesa no se ajusta a la ley y, además, prevé aprobar un proyecto de reforma de la Ley de Cajas para adaptar la normativa de Caja de la Comunidad a la Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorro (LORCA).
Batalla política
El difícil equilibrio de fuerzas dentro de la entidad, ha llevado a los partidos políticos a posicionarse ya en diferentes sentidos. Los miembros de la asamblea más cercanos a Aguirre votarán en contra, los cercanos a Alberto Ruiz-Gallardón, que ha dado su total apoyo a Blesa, votarán a favor, y la órbita del PSOE se abstendrá, mientras se espera que los sindicatos e IU respalden la propuesta de Blesa.
Así, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, reunió el pasado viernes a sus compromisarios para darles instrucciones para que voten en contra de la propuesta del consejo, puesto que a su juicio reducirá en 3 los miembros afines al PP en las entidades representativas.
Y es que la iniciativa aprobada el 20 de octubre por el consejo que se encuentra sobre la mesa altera, dentro de las entidades representativas, la parte reservada a las asociaciones culturales y sociales. En concreto, pretende eliminar una formación actualmente inactiva, Asociación Nuevo Siglo, para sustituirla por dos nuevas: la Fundación Madrid'16, controlada por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, y la Fundación 1 de Mayo, cercana a Comisiones Obreras.
Así, según el secretario general del PP, de los 32 miembros institucionales presentes en la Asamblea, 18 son actualmente de la órbita del PP, pero la propuesta votada por el Consejo de Administración el 20 de octubre supondría en la práctica reducir dicho número a 15. Esta reducción llevaría, muy probablemente, a su vez a mermar uno de los miembros del partido en el Consejo de Administración, advierten desde el PP de Madrid.
El equilibrio de fuerzas políticas de los 13 miembros actuales quedaría roto, a juicio de Granados. Por una parte, CCOO saldría reforzada con un puesto más y el PP perdería la influencia de los dos representantes de Patrimonio Nacional, hasta ahora cercanos al PP por haber sido designados durante el gobierno del ex presidente José María Aznar. "Al cambiar el gobierno, es lógico que sean más cercanos al PSOE", subrayaron las fuentes consultadas.
Por su parte, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, anunció la semana pasada también la abstención de los consejeros socialistas, porque el PSOE "no está ni a favor ni en contra" del presidente, Miguel Blesa.
"La posición que mantendrá el PSOE el lunes es de abstención porque se está planteando todo en una batalla a favor o en contra de Blesa y nosotros no estamos ni a favor ni en contra de él", consideró Gómez, quien aseguró que lo que quieren es estar "a favor de Caja Madrid" y de que ésta "sea una institución que mejore entre otras cosas la calidad de vida de los madrileños".
Gómez indicó que ahora mismo la posición socialista es la "única seria" en el seno de la entidad bancaria, porque en estos momentos lo que hay "es una batalla campal entre Aguirre y Gallardón". "A los madrileños no les conviene esta batalla y pido seriedad institucional y unas posiciones de Estado a todas las partes que están implicadas en esta batalla", porque en opinión de Gómez "hay que dar estabilidad a esta entidad".
Fuentes próximas al consejo de la entidad aseguraron a Europa Press que el proceso electoral de la caja es "totalmente limpio", y consiste en una propuesta consensuada del consejo de administración de la caja a la asamblea sobre un número de entidades representativas de Madrid (11) a las que corresponde nombrar un número determinado de consejeros (14).
Una vez la asamblea vota la idoneidad de dichas entidades representativas, son éstas las que designan a los consejeros que las representarán, que posteriormente tendrán que ser ratificados en la asamblea constituyente que se celebrará en un plazo de cinco meses.