Madrid encuentra obstáculos para financiar la Ciudad de la Justicia
El Campus de la Justicia, proyecto madrileño de obra pública con un presupuesto de partida de 900 millones, no es ajeno a la crisis inmobiliaria. La Comunidad ha paralizado la venta de las viejas sedes judiciales destinadas a financiarlo a la espera de un mejor momento económico. De forma paralela, las obras acumulan varios meses de retraso por la falta de permisos municipales.
La idea de reunir en un solo punto todas las dependencias judiciales que operan en Madrid sigue con vida, pero avanza mucho más lenta de lo previsto por culpa de la actual crisis económica y por el retraso en la tramitación municipal de las licencias. La zona donde están proyectados 18 espectaculares edificios firmados por primeras figuras de la arquitectura es Valdebebas, al norte de la capital y junto a la ciudad deportiva del Real Madrid.
Sólo el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se quedarán al margen del que será el mayor complejo judicial del mundo. Cada uno de los inmuebles tardará una media de dos años en levantarse. Así, la primera fase (seis sedes) debería ser una realidad en 2011, mientras la segunda (nueve sedes) tiene que estar operativa a finales del citado 2015.
El presupuesto, al que ha tenido acceso CincoDías, asciende a 900 millones. Aunque está sujeto, entre otras cosas, a las habituales desviaciones en las obras firmadas por galácticos de la arquitectura.
¿Dónde ha golpeado la crisis del ladrillo? El 80% de ese presupuesto lo aporta la Comunidad de Madrid, cuyo compromiso es que el coste sea mínimo para el ciudadano. Pero la captación de ese dinero se ha complicado. El Gobierno de Esperanza Aguirre puso en venta seis de sus actuales sedes judiciales ubicadas en las mejores zonas de la capital. Un plan que, según distintas fuentes, se ha congelado por el deterioro que sufre el mercado inmobiliario y ante las dudas que generaba la oferta.
"Uno de los problemas para el comprador es que la Comunidad se queda sólo cinco años como inquilina antes de trasladarse al Campus, un compromiso escaso en cuanto a permanencia", cita una fuente conocedora del proceso de desinversión. Otro experto en el mercado inmobiliario señala que "los edificios necesitan reformas y eso, junto a la dificultad para acudir al mercado de crédito, resta interés al producto". Por eso el Ejecutivo madrileño trata de colocarlos con nuevos usos, como son el residencial o el comercial. El Ayuntamiento que preside Ruiz Gallardón tiene la última palabra en las recalificaciones.
Servirán para hacer caja los Juzgados de Primera Instancia, que ocupan toda una manzana entre Capitán Haya y Plaza de Castilla; el inmueble que aloja al Registro Civil, en el número 66 de la calle Pradillo; y el edificio de Gran Vía 19, actual sede de los Juzgados de lo Mercantil. El plan, desde hace meses, es sacarlos a subasta abierta al mejor postor. Pero el proceso está en vía muerta y desde la Comunidad se reconoce que no se obtendría, a día de hoy, el capital deseado.
Hasta ahora se han traspasado la sede de los Juzgados de lo Social, en la calle Hernani, y un edificio en Fernández de la Hoz. El primero salió en 37 millones y el precio obtenido superó los 60 millones. En cuanto al segundo, la Comunidad lo valoró en 6,4 millones y las pujas se cerraron en más de 13 millones.
Faltan las licencias de obra
Aguirre puso la primera piedra del Campus en abril. Por entonces se dijo que comenzaban las obras del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial, ambos diseñados por Norman Foster; el Instituto de Medicina Legal, de Alejandro Zaera; el Juzgado de Menores, ideado por Rafael de la Hoz y Jaime Duró; y la Central Térmica, que sale del estudio Frechilla y López Peláez. Pero todos ellos esperan aún licencia de obra -salvo el Instituto de Medicina Legal- y en algún caso se negocian modificados del presupuesto con las constructoras.
En la segunda fase se levantarán otros nueve edificios. La Comunidad la dio por iniciada el pasado 3 de abril con las obras de urbanización. Unos trabajos que ascienden a 57,3 millones y que cuentan con un plazo de ejecución de 58 meses, pero que acumulan retrasos por ajustes en el proyecto. A partir de ahí vendrán las sedes de los Juzgados de lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo, de lo Social, la Fiscalía y el Registro Civil, entre otros.
A la espera de licencias municipales
PRIMERA FASEUrbanización. En ejecución a cargo de la UTE formada por Begar y Aldesa. En la actualidad se negocia un modificado del presupuesto.Aparcamiento. Obras adjudicadas a Isolux Corsán. Se entregará en concesión a una firma privada para obtener fondos.Central de energía. A la espera de licencia del Ayuntamiento. La infraestructura está en manos de Elecnor.Instituto de Medicina Legal. Comsa ha empezado ya su construcción. Se negocia un modificado.Tribunal Superior de Justicia. En marcha el movimiento de tierras, pero falta el permiso del Ayuntamiento.Audiencia Provincial. Sin licencia para iniciar su construcción, pero ya se realizan los movimientos de tierras.Juzgado de Menores. Acciona será el constructor, pero carece aún de licencia.SEGUNDA FASEUrbanización. Aún se está negociando el contrato por la necesidad de la realización de unos ajustes presupuestarios.Construcción. Cada uno de los proyectos está en fase de redacción. Se espera que las obras concluyan a finales de 2015.SUBASTA DE INMUEBLESLos edificios de Plaza de Castilla y las calles Capitán Haya y Pradillo están pendientes de que el Ayuntamiento dé luz verde a la modificación puntual del Plan General de Urbanismo para el cambio de uso de los mismos. El cuarto inmueble que se venderá en subasta está en el número 19 de Gran Vía.
Compromiso político
La Comunidad no contempla la paralización del Campus de la Justicia. Reconoce retrasos por la falta de permisos, pero mantiene finales de 2015 como fecha de fin de obra. Sobre la subasta de las actuales sedes judiciales, decidirá el momento de venta observando las necesidades de financiación y las condiciones de mercado.
