Ordóñez calcula que la banca puede absorber hasta el 9% de morosidad
El Banco de España considera que el alza de la morosidad 'incidirá en las cuentas de resultados' del sector al obligar a las entidades a hacer más provisiones. También cree que el colchón del que disponen, junto a la utilización del beneficio de varios ejercicios, les permitiría afrontar una mora de hasta el 9%.
Los expertos del Banco de España comienzan a vislumbrar el nivel máximo de morosidad que puede asumir el sector bancario español. De acuerdo con el último Informe de Estabilidad Financiera elaborado por la institución, el límite infranqueable para la banca, antes de entrar en pérdidas, es el 9%.
El organismo encabezado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez adelanta en este documento que la morosidad de empresas y familias se elevó en septiembre al 2,54%, frente a los niveles del 0,75% de un año antes. Con el actual fondo para insolvencias (45.646 millones de euros al cierre de junio), la banca española podría soportar una mora del entorno del 4%.
'Si a lo anterior se suma el margen que ofrece la cuenta de resultados, dicha ratio de cobertura ampliada con los beneficios de un año posibilitaría cubrir ratios de morosidad en torno al 7%', añade el organismo, que incide en que 'si se añaden tres cuartas partes de los beneficios de dos años consecutivos, la cobertura de las pérdidas llegaría hasta ratios de morosidad del 9%'.
El regulador descarta que el sector haya incurrido en riesgos excesivos en los últimos años de boom
El supervisor financiero admite que la crisis económica seguirá impulsando al alza la morosidad, lo que seguirá reduciendo el peso del colchón de provisiones sobre el total de activos dudosos.
El Banco de España considera que la tensión que soportarán los resultados de bancos y cajas está relacionada con la caída de la actividad y los mayores costes de financiación. Por hacer frente a este contexto destaca que 'es importante que las entidades intensifiquen sus esfuerzos por aumentar su eficiencia en costes'.
En uno de los apartados del informe, el supervisor bancario analiza la incidencia de los créditos dudosos en función del año de concesión de la hipoteca. Su conclusión es clara: la banca no ha concedido préstamos más arriesgados en los tres últimos años de boom de la construcción.
Algunos analistas habían previsto que la mayor parte de la morosidad se concentrara en los créditos hipotecarios más recientes: concedidos en plena efervescencia de la burbuja inmobiliaria y con altos niveles de endeudamiento del cliente.
Por otro lado, el Banco de España estima que las medidas coordinadas adoptadas por los principales países europeos y Estados Unidos deben aplicarse por los diferentes gobiernos de modo 'transparente y respetuoso' para mantener el mismo nivel competitivo para todos los agentes, y así evitar que se produzcan 'efectos perversos' con las ayudas.
Estas acciones deberían contribuir a que progresivamente retornara la confianza a los mercados financieros, facilitando que se recupere su normal funcionamiento. No obstante, el supervisor advierte de la importancia de que las ayudas no deben dificultar la capacidad de los mercados financieros de discriminar entre aquellas entidades que lo han hecho bien y aquellas otras que no han gestionado bien la crisis.
Sobre los planes aprobados por el Gobierno español, recalca que 'deberían contribuir a aliviar las tensiones de financiación' que sufren las entidades españolas por la cerrazón de los mercados mayoristas internacionales, 'que siguen prácticamente bloqueados'.
Los sindicatos proponen supervisar a la banca
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC OO) han propuesto al Banco de España y al Gobierno contribuir a la supervisión del sector bancario alertando del incumplimiento de las normas financieras o de prácticas de negocio incompatibles con la sostenibilidad del sistema. Los representantes de los trabajadores secundan así la propuesta del sindicato internacional UNI de utilizar la red sindical como elemento de ayuda a la supervisión financiera ante la próxima reunión del G20. La propuesta consiste en establecer un procedimiento según el cual el sindicato internacional reuniría información sobre un número limitado de cuestiones para transmitirla a la nueva estructura de supervisión después de evaluarla.