El Gobierno calcula que la directiva de servicios aportará 3.700 millones
La aplicación de la directiva de servicios en España inyectará 3.700 millones en ingresos adicionales a las Administraciones y propiciará un alza de ocho décimas en el PIB, según los cálculos incluidos por el Ejecutivo en la memoria económica del anteproyecto de ley que desarrolla la norma.
El Ejecutivo ha puesto todas sus esperanzas en que la liberalización del sector servicios, que representa el 66% del empleo y del PIB en España, ejerza de locomotora para adelantar lo antes posible la recuperación económica. Así se recoge en la memoria del impacto económico del anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso CincoDías, con el que se ha iniciado la transposición de la directiva europea de servicios.
El estudio, que ha sido elaborado por el Instituto Universitario de Análisis Económico de la Universidad de Alcalá de Henares, señala que la reducción de trámites administrativos y la liberalización de las actividades de servicios servirán para corregir la fuerte caída de ingresos de la economía española (el déficit alcanzó los 13.576 millones de euros en el acumulado hasta septiembre), el repunte de la tasa de paro (que ha llegado al 11,3% en el tercer trimestre) y el diferencial de inflación con la zona euro (actualmente en un punto).
Los autores del informe calculan que la transposición de la directiva generará unos ingresos adicionales de 3.700 millones de euros para las distintas administraciones públicas. Este porcentaje supone un incremento del 0,936% respecto a los ingresos por cotizaciones e impuestos en 2007, que superaron los 395.000 millones de euros. Las más beneficiadas serían, según el informe, la Administración General del Estado, que recibiría una inyección de 1.470 millones de euros, y las administraciones locales, a las que llegarían otros 1.461 millones, mientras que las comunidades autónomas obtendrían sólo 767.
Para el cálculo de estos ingresos, los autores han estimado que el aumento de la actividad provocará un crecimiento del empleo de tres décimas (60.000 nuevos puestos de trabajo) y de ocho décimas en el PIB a partir de la plena adopción de la normativa comunitaria, prevista para finales de 2009. Unas previsiones quizá demasiado optimistas teniendo en cuenta que en el tercer trimestre de 2008, el PIB probablemente registrará una tasa de crecimiento negativa y que por primera vez desde 1994, la economía española destruyó empleo en esos tres meses.
No obstante, el informe económico que acompaña al anteproyecto recalca el importante papel desempeñado por los servicios en el mercado laboral, ya que ha servido para crear 6,2 millones de empleos desde 1990 a 2007.
Los autores prevén también que se recorte hasta en medio punto el diferencial de inflación con la zona euro a través de la introducción de mayor competencia en el sector, lo que consideran necesario para corregir el estancamiento de la productividad. El estudio aboga por recortar los márgenes observados en algunas ramas de actividad. "Los precios crecen sistemáticamente por encima de los costes laborales unitarios, lo que refleja una tendencia a la ampliación de márgenes que evidencia la falta de competencia", señala.
La reducción del 30% en las trabas administrativas y el coste que les acompaña provocará, según los cálculos del Instituto Universitario de Alcalá de Henares, un avance de dos décimas en la tasa de crecimiento del PIB.
La norma sólo afectará al 60% de los trabajadores
La directiva comunitaria de servicios, cuya transposición quiere tener cerrada el Ejecutivo para finales de año, no afectará a todas las actividades relacionadas con los servicios. Quedan excluidas del ámbito de la norma aquellas que cuenten ya con una regulación propia, como las telecomunicaciones o las empresas de trabajo temporal, y las que estén fuera de mercado, al no recibirse ninguna prestación económica por prestarse (educación, sanidad o servicios sociales, entre otros).Estas dos excepciones rebajan en parte las expectativas creadas en el anteproyecto sobre la creación de empleo. De los 13,4 millones de ocupados que hay en el sector servicios, 5,1 lo están en sectores fuera de mercado. De este modo, el número de empleados afectado por la normativa comunitaria se rebaja desde el 66,2% al 40,7% del total de ocupados. En el caso de los servicios, el número de afectados se rebaja al 60% del total, entre los que se encuentran trabajadores de comercio, reparación, hostelería, transporte y comunicaciones, intermediación financiera o inmobiliarias y servicios empresariales.Según los últimos datos correspondientes a 2007, uno de cada cuatro trabajadores afectados por la directiva estaba trabajando en el área de inmobiliaria y servicios empresariales. Una actividad que ha experimentado un fuerte crecimiento entre 1990 a 2007, al pasar de 341.000 a 2,01 millones de ocupados entre 1990 y 2007, pero en la que también se ha producido una fuerte destrucción de empleo en los últimos meses por el derrumbe de la construcción y de todos los sectores auxiliares.Pese a ello, la directiva de servicios puede servir, según el informe, para afianzar la posición de España como el sexto país del mundo en comercialización de servicios al exterior. El estudio detalla que la cuota mundial llega al 3,9%, gracias en gran parte al empuje de la exportación de servicios turísticos por el proceso de internacionalización de las empresas españolas. Los servicios representan, según el informe, el 70% de la inversión en el exterior y más del 60% de la recibida.