Las patronales exigen control sobre las nuevas empresas de servicios
La supresión de la autorización previa del Ejecutivo para las empresas de servicios puede provocar la aparición de sociedades que no se adecúen a la directiva europea. Así lo advierten las patronales del sector consultadas que, sin embargo, creen que España está mejor preparada que otros países para transponer la norma por su mayor grado de apertura a otros mercados.
La transposición de la directiva de servicios en España provocará, según el Ejecutivo, un avance de tres décimas del PIB y de tres décimas en el empleo. El anteproyecto de ley para iniciar la adecuación de España a esta norma, que se estudió en el último Consejo de Ministros, prevé también una rebaja de medio punto en el diferencial de inflación con la zona euro, al estimular la competencia en el sector servicios, que representa dos terceras partes del empleo y del PIB de España. Sin embargo, los empresarios consultados no coinciden con el análisis del Ejecutivo.
Una de las actividades afectadas por la directiva es el comercio. El secretario general de la Confederación Española de Comercio, Miguel Ángel Fraile, elogia la transposición de esta norma, 'ya que está encaminada a conseguir una administración más eficaz que no entorpezca la actividad empresarial'. No obstante tiene dudas sobre la capacidad de las administraciones para adecuar todas las normas, ya que se han detectado 7.000 procedimientos que hay que modificar y 'aún queda por hallar las relacionadas con los entes locales, que suponen casi el triple que las regionales'. A juicio de Fraile, donde existe más incertidumbre es en el cambio desde un sistema en el que las licencias se concedían con autorización previa a otro en el que se pasa a un sistema de inspección posterior. 'Hay dudas sobre si tendrán capacidad para supervisar a todas las empresas a las que se les haya dado licencia. Esto puede provocar lecturas no adecuadas de la norma o la entrada de empresas en servicios no reglados', apunta. Pese a ello considera que si se crea una ventanilla única, 'los costes administrativos bajarán y eso redundará en beneficio de todos'.
Otra de las actividades que más se podría ver beneficiada por la directiva serían las agencias de viajes. Sin embargo, el presidente de la Federación Española de Agencias de Viajes, Rafael Gallego, no comparte el análisis del Ejecutivo. 'Los requisitos que se solicitan a la hora de autorizar la licencia para una agencia de viajes no son un obstáculo para la creación de empresas y sirven para proteger a los trabajadores y a los clientes', señala. Para obtener una licencia de actividad, las agencias de viajes están obligadas a dar de alta en la empresa matriz a todos los trabajadores y a depositar un aval (desde 60.000 a 180.000 euros en función de si es minorista o mayorista) con el que se cubren ante las reclamaciones de los consumidores. 'La aplicación de la directiva puede crear inseguridad para los empleados, que podrían verse sometidos a otro régimen que no sea el de la matriz, y para los consumidores, que podrían encontrarse en una situación de desamparo', señala.
España 'está mejor preparada' que otros países de la UE para transponer la directiva
El secretario general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, afirma que España está en mejores condiciones para adaptarse a la directiva. 'En distribución comercial, la cuota de mercado de las empresas de otros socios comunitarios (el 30% del total) es superior a la de otros países. Cuatro de las diez primeras son europeas y eso nos permite que los objetivos de la directiva ya se estén cumpliendo ya mejor que en otros estados'. García Magarzo afirma que cualquier empresa deberá someterse a los tres principios de la directiva: que la actividad esté justificada en la protección del interés general, que no sea discriminatoria y que sea proporcionada al fin que persigue.
Novedades
La norma afecta, entre otros, a hoteles, agencias de viajes, autoescuelas, hipermercados, tiendas de alimentación o servicios de fontanería. Quedan fuera aquellas actividades que ya están regulados por otras directivas (servicios financieros o empresas de trabajado temporal)La directiva tendrá que estar implantada en el ordenamiento jurídico español el 31 de diciembre de 2009.Elimina la obligación de contar con una autorización previa para prestar servicios y establece la libre prestación de servicios en toda la Unión Europea.Esta transposición obligará a modificar más de 7.000 normas, entre ellos 80 leyes y 370 decretos.