El Gobierno suprime el permiso previo para prestar servicios
Las empresas de servicios no necesitarán autorización previa para ejercer su actividad. Es una de las principales novedades del anteproyecto de ley sobre actividades de servicios presentado el viernes. El Ejecutivo prevé que su aplicación recortará en medio punto el diferencial de inflación con la zona euro.
Para abrir un negocio de fontanería, un empresario puede tardar de 15 a 240 días en función de la región en la que se instale. El que opte por una autoescuela sólo puede abrirla en una comunidad autónoma y está obligado a comprar un coche por cada profesor que contrate, mientras que el quiera abrir una agencia de viajes debe aportar un capital mínimo para obtener la licencia de apertura.
Esa dispersión de requisitos y normas está mermando la creación de negocios y la competitividad de las empresas españolas de servicios, que aportan dos terceras partes del PIB y generan el mismo porcentaje de empleo. Para corregir esta situación y establecer unas normas similares en todo el territorio nacional, el Ejecutivo presentó el viernes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios. Esta norma forma parte de los textos necesarios para transponer la directiva europea de servicios, que deberá estar en vigor el 31 de diciembre de 2009. El vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, calificó este anteproyecto como 'una reforma estructural de hondo calado', que servirá para reducir el fuerte diferencial de inflación con la zona euro (actualmente en un punto). Solbes vaticinó que la transposición completa de la directiva europea de servicios podría reducir en medio punto el diferencial, 'si su aplicación conlleva que España alcance la media europea de competitividad en el sector' (en la actualidad se encuentra en la mitad).
La introducción de esas medidas también tendrán, según Solbes, un efecto dinamizador sobre la aportación de los servicios a la economía nacional. La participación en el PIB crecerá ocho décimas, hasta situarse en el 67,5% del PIB, mientras que la contribución al empleo crecería tres décimas hasta el 66,5%. Economía prevé que la norma tendrá un impacto positivo de tres décimas en el PIB y en la creación de empleo.
El vicepresidente recordó que los principios esenciales del anteproyecto, que obligará a modificar hasta 7.000 procedimientos (entre ellos 370 decretos ley y 80 leyes), son la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en cualquier país de la Unión Europea. Las modificaciones concretas se recogerán en una ley-paraguas, que se aprobará a primeros de 2009, a la que se unirá otra norma que regulará a los colegios profesionales.
Principales cambios incluidos
¦bull; Libertad de establecimiento. Se elimina la obligación de una autorización administrativa, salvo por razones de interés general. Esa autorización será sustituida por notificaciones y en el caso de que sea necesaria, será valida en todo el territorio nacional y la duración será indefinida. Tampoco se podrá limitar el número de permisos.
¦bull; Libertad de prestación de servicios. Se elimina las restricciones a las firmas extranjeras que quieran instalarse.
¦bull; Ventanilla única. Las empresas de servicios podrán realizar todos los trámites en una única ventanilla y por vía electrónica.
¦bull; Calidad del servicio. El prestador estará obligado a dar respuesta a las reclamaciones presentadas por los consumidores en un plazo máximo de un mes
¦bull; Simplificación administrativa. Las administraciones españolas aceptarán documentos procedentes de otros estados de la UE, sin exigir originales o copias compulsadas.
Un anteproyecto de ley de amplio espectro
¿A qué sectores de actividad afecta este anteproyecto de ley?
Están afectados, entre otros, hoteles, agencias de viajes, autoescuelas, centros de acción social, talleres de reparación, hipermercados, tiendas de alimentación, empresas de fontanería y electricidad, así como las de venta y distribución de periódicos. Quedan exentos aquellos servicios regulados por otras directivas europeas (servicios financieros, transporte o empresas de trabajo temporal), los que responden a un interés general (transporte de agua o electricidad) y aquellos que se prestan sin percibir prestación económica.
¿Qué administración será la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa para el sector servicios?
Cada administración será responsable del cumplimiento del anteproyecto siempre y cuando esté dentro del ámbito de sus competencias. El Ejecutivo subraya que como esa norma se enmarca en la transposición de la directiva de servicios, cada administración deberá rendir cuentas ante la Comisión Europea, que podrá sancionar a aquellas que no cumplan la ley.
¿Cómo afecta la supresión de la autorización previa a la apertura de grandes superficies comerciales?
Las empresas que quieran abrir una superficie comercial sólo tendrán que solicitar autorización previa cuando ésta responda a una razón de interés general (que vaya contra la seguridad pública, el medio ambiente o el patrimonio cultural).