Cómo funcionará el fondo de los 50.000 millones
El Gobierno insiste en que no se trata de un plan para salvar la banca, sino de una inversión en sus activos financiero.
El sector bancario español se despertó ayer con una de las mayores iniciativas públicas de las últimas décadas: la creación de un fondo gubernamental que comprará hasta 50.000 millones de euros de activos financieros. Una vez asumida esta inesperada ayuda por parte del Ejecutivo, llega el momento de conocer los detalles del plan, que pretende liberar recursos de bancos y cajas para que éstos puedan revitalizar el crédito a las familias y a las empresas.
Aunque ayer por la mañana el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, se reunió con los máximos responsables de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, para explicarles cómo funcionará el fondo, aún quedan muchas preguntas en el aire.
El tipo de activos que el Estado estará dispuesto a comprar a las entidades financieras es una de las grandes incógnitas. El martes, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió en que se trataría de activos de 'máxima calidad'. Más tarde, fuentes de La Moncloa clarificaron que el Tesoro va a adquirir principalmente titulizaciones y cédulas que tengan una garantía real y que gocen de una alta calificación por parte de agencias de rating. De esta forma, los bancos y cajas podrán dar salida de su balance a parte de las hipotecas que han estado empaquetando durante los últimos 12 meses pero que no han podido colocar en el mercado interbancario. Al obtener nuevos fondos, reactivarán su actividad crediticia.
Ahora bien, una de las dudas que sobrevuela el sector financiero es si el Gobierno aceptará activos no hipotecarios. Ayer mismo, el director general de Caja Mediterráneo, José Pina, se preguntaba si el Ejecutivo podría llegar a comprar deuda emitida por bancos o cajas. En su opinión, esto sería muy positivo porque representaría una fuente alternativa de liquidez frente al Banco Central Europeo.
El plazo que que los activos enajenados permanecerán en el balance del sector público es otro misterio. Zapatero comentó que el fondo se convertirá en un 'préstamo temporal' al sector financiero y que, 'cuando el mercado interbancario recupere la normalidad', el Estado venderá esos activos.
Lo que parece claro, según explicó ayer el secretario de Estado de Economía, David Vegara, es que las compras de activos se harán a largo plazo. Durante el tiempo que el Tesoro sea el propietario de esas cédulas o fondos de titulización hipotecaria, cobrará los intereses que éstos generan como si fuera un inversor más, aunque será el banco que concedió el préstamo quien siga tratando con el particular. Una vez que el Estado decida vender, obtendrá plusvalías o pérdidas según haya sido el precio de venta y según estén las condiciones del mercado.
De acuerdo con un informe del servicio de estudios de BBVA, el coste del programa para las cuentas públicas será 'muy limitado o nulo'.
La alta calidad de los activos adquiridos es algo que el Gobierno quiere garantizar a toda costa. Todo apunta a que únicamente se comprarán cédulas y titulizaciones que tengan una alta calificación crediticia. Eso sí, dicha valoración la establecen agencias -como Standard& Poor's, Moody's o Fitch- cuya actuación en el caso de las hipotecas subprime se ha criticado con dureza.
El que se trate de activos de máxima calidad es la principal diferencia con el plan de rescate de Estados Unidos. El Congreso de este país aprobó, la semana pasada, la compra de hasta 700.000 millones de dólares (500.000 millones de euros) de activos tóxicos para sacar del balance de la banca todos los productos afectados cuyo valor ha caído en picado por la crisis del mercado inmobiliario norteamericano.
Ayer mismo, el secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña insistía en que el fondo español no es un plan de salvamento de la banca, sino de una iniciativa para inyectar liquidez en el mercado de crédito y así aliviar la situación de los particulares.
Mejorar el crédito al que pueden acceder las empresas y los ciudadanos es el objetivo que persigue este plan. Ahora bien, ¿cómo garantizar que la banca, una vez obtengan los fondos, va a facilitar la financiación a sus clientes?
De acuerdo con fuentes de Moncloa, el Ejecutivo seguirá con atención el destino de los nuevos recursos. Aunque no está previsto que se cree ninguna agencia específica dentro del Tesoro, el Gobierno se ha comprometido a estar vigilante.
Además, las subastas a través de las cuales el Gobierno comprará activos bancarios podrán imponer condiciones para que se cumpla el objetivo del fondo.
Economía podría exigir en uno de los procesos de asignación de esos 50.000 millones de euros, que tan sólo se presenten activos que tengan el respaldo de hipotecas de nueva creación. De esta forma, las entidades de crédito que quieran aligerar sus balances y obtener liquidez tendrán que aportar créditos recientes, con lo que se fomentaría la financiación a los particulares.
El PP pide una comisión parlamentaria
El principal partido de la oposición no se fía de la gestión que pueda realizar el Tesoro del fondo destinado a introducir liquidez en el mercado de crédito. Por esta razón, diferentes portavoces del PP exigieron ayer al Gobierno la creación de una 'Comisión de Transparencia' en el Congreso de los Diputados que controle a quién va a ir a parar dicho fondo. 'Creemos que el destino de estos ocho o nueve billones de las antiguas pesetas tiene que ser para las familias españolas y las pequeñas y medianas empresas. Es dinero de los contribuyentes y hay que saber cómo se va a utilizar en una operación que pretende ayudar al sistema financiero nacional', advirtió la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.La dirigente del Grupo Popular Fátima Báñez insistió en esta misma idea. 'Es necesario conocer quién va a gestionar el fondo, con qué criterios y cómo se van a valorar los activos', afirmó a CincoDías. En su opinión, lo más lógico sería la compra de los activos que esté también sean admisibles por el Banco Central Europeo, para establecer algún criterio de objetividad.El vicepresidente económico, Pedro Solbes, informó ayer de las líneas generales del proyecto al portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, antes de que José Luis Rodríguez Zapatero aborde con el líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el alcance del fondo que el viernes aprobará el Consejo de Ministros mediante decreto ley.