Los municipios avisan de que el recorte de empleo público afectará a servicios esenciales
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, mostró ayer su preocupación por las limitaciones de empleo público que establece el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, que fija en un máximo del 30% la tasa de reposición de efectivos en la Administración.
A pesar de que la nueva normativa no afecta a servicios públicos esenciales, como justicia, educación, sanidad, inspección de trabajo, instituciones penitenciarias o fuerzas y cuerpos de seguridad, los municipios consideran que hay puestos de trabajo fundamentales dentro del ámbito local que sí se verán afectados por la restricción. Por ejemplo, la FEMP cita los empleos relacionados con la protección y extinción de incendios. Por otra parte, 'sobre todo en pequeños municipios', existen servicios que son prestados por una sola persona que, en caso de dejar su puesto vacante, no podría remplazarse si se aplica la restricción del 30% que aparece en los Presupuestos.
Por ello, Castro envió ayer a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso una propuesta de enmienda al artículo 23 del proyecto de Presupuestos.
La FEMP propone que la restricción no se aplique a municipios con una población inferior a 50.000 habitantes ni a la Policía Local ni a los servicios de extinción de incendios.
En caso de que el Congreso no acepte la enmienda, Castro asegura que las 'entidades locales no van a poder garantizar la prestación de servicios fundamentales a lo largo del próximo año con unos niveles de suficiencia similares a los del presente'.
La petición de la FEMP se produce en medio de las negociaciones con el Gobierno para aprobar un nuevo sistema de financiación local. Este viernes, representantes del Ejecutivo central y de la Federación de Municipios se reunirán en el marco de la comisión política. El objetivo de la FEMP es perfilar un nuevo modelo antes de finalizar el año, pero defiende que se ponga en marcha a partir de 2010. Entre sus prioridades está aumentar la participación municipal en los ingresos del Estado y que los ayuntamientos reciban parte de la recaudación de impuestos autonómicos.