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Gobierno

Economía reajusta sus prioridades y retrasa la reforma de la supervisión

En tiempos de tribulación no es aconsejable hacer mudanzas. El Gobierno ha reconsiderado sus planes iniciales para reformar la supervisión del sistema financiero a la vista de la tormenta que sacude los mercados, de los análisis que se están haciendo a nivel europeo y de la imposibilidad, de momento, de alcanzar un acuerdo con el principal partido de la oposición.

La inestabilidad de los mercados y los interrogantes que han surgido a nivel mundial sobre los agujeros que presentan los distintos modelos de regulación y supervisión financiera han conducido al Ministerio de Economía a reajustar sus prioridades, según fuentes gubernamentales.

En principio, el vicepresidente Pedro Solbes tenía intención de abordar en este periodo de sesiones cambios de gran calado que pasan por la creación de la Comisión Nacional de Servicios Financieros, llamada a sustituir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuando se dé este paso, probablemente el año que viene, el Banco de España -segundo pilar del nuevo modelo- se ocupará del control de las entidades financieras, aseguradoras y sociedades de inversión. Mientras, el primer organismo velará por la supervisión de los sistemas de inversión, seguros y ahorros.

La reforma implicaría la necesidad de cambiar leyes como la de Autonomía del Banco de España, la propia del Mercado de Valores y la de Ordenación de Seguros, entre otras, en un momento en el que los sistemas de regulación en Estados Unidos y en numerosos países europeos están en cuestión. Además, el PP se muestra remiso a pactar iniciativas de esta envergadura con el Gobierno.

Todas estas circunstancias han movido al Ministerio de Economía a paralizar la reforma y a centrarse, sobre todo, en la transposición de la nueva directiva de Servicios que verá la luz en un próximo consejo después de la complicada negociación que se ha abierto con todos los ministerios afectados.

La reforma de la supervisión es un reto que han asumido tanto el Gobierno, como el Banco de España y la CNMV, explican fuentes gubernamentales, pero que puede esperar a la vista del buen funcionamiento que aquí ha tenido. Como prueba de ello se pone la discreta visita que hizo al inicio de la crisis financiera a Madrid un representante de la Reserva Federal para empaparse de los detalles que hacen del modelo español uno de los más eficaces del mundo. Sería absurdo, abundan las fuentes, precipitarse con una reforma que puede resultar incompleta a la vista de las reflexiones que surgen en Europa.

Un año de contactos en el contexto europeo

Desde el estallido de la crisis financiera en agosto del año pasado, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y su número dos en el Ministerio, David Vegara, han aprovechado sus desplazamientos comunitarios y las reuniones con los responsables de finanzas europeos para intercambiar información y experiencias sobre el funcionamiento de los fondos de garantía de depósitos, la regulación de la transparencia de las agencias de rating y el control de los grupos transfronterizos.Al principio se trataba de prevenir la crisis o, al menos, de disponer de instrumentos armonizados a nivel europeo que suavizaran sus consecuencias. Sin embargo, la tormenta se ha precipitado de una forma tan brusca que muchas de estas reflexiones, reconocen fuentes gubernamentales, han quedado obsoletas.Para abordar con antelación algunos de estos problemas e intentar evitar lagunas en el funcionamiento del sistema de supervisión, Economía intentó pactar con el PP en la anterior legislatura una reforma de gran calado, pero la actitud del principal partido de la oposición lo hizo imposible.Tras las elecciones, los altos cargos del Ministerio de Economía retomaron tímidamente su proyecto de reforma y se lo trasladaron a los agentes implicados. Ni a Pedro Solbes ni a David Vegara les dio tiempo a plantear los cambios a los distintos grupos parlamentarios, como era su intención inicial, ya que la tormenta financiera llevó al Ministerio a un cambio de prioridades. En estos momentos, ni el PP ni CiU consideran urgente abordar esta reforma, según fuentes de ambos partidos. El equipo económico del PP ni siquiera se la ha planteado en firme, porque considera que la caída de la actividad económica y el aumento del desempleo son asignaturas a las que se debe prestar una atención prioritaria. De la misma opinión es CiU, que está focalizando su atención en la necesidad de dar liquidez al sistema.

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