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Si alquila un yate y le para la Guardia Civil, no se alarme

Si alquila un yate y le para la Guardia Civil, no se alarme
Si alquila un yate y le para la Guardia Civil, no se alarme

Cada vez hay más españoles que optan por alquilar un barco para navegar por la costa y disfrutar del océano, de la brisa, del sol, del relajante sonido de las olas... Una paz que de pronto puede perturbarse por el poco reconfortante grito de: '¡Alto a la Guardia Civil!'. Una orden que cada vez escuchan más embarcaciones de recreo en las aguas costeras. Si usted la oye, no se alarme: desde hace algún tiempo, las patrullas marítimas, en colaboración con la Agencia Tributaria, han reforzado los controles para evitar un fraude fiscal extendido en el mundo de los yates. Numerosos propietarios matriculan su barco como si lo fueran a destinar al alquiler, con lo que se ahorran el impuesto especial de matriculación, pero en realidad lo utilizan para su uso particular, una práctica prohibida.

'Esto es algo bastante habitual, y muy difícil de evitar en el momento de conceder la licencia, porque cualquiera puede montar una sociedad limitada de chárter, pagando 3.000 euros, ahorrarse el impuesto y luego usarlo a título privado', comenta el dueño de la agencia de alquileres de yates de lujo, Charter Services. Como otros empresarios del sector, se queja de que los controles de la Guardia Civil perjudican la imagen de su negocio. 'Estamos un poco cansados de las investigaciones, porque los clientes van en unos barcos perfectamente legales, sin conocer este problema, y entonces aparecen y les piden la documentación de una forma no precisamente discreta', asegura. 'Las inspecciones se han reforzado muchísimo, y eso nos da más trabajo y molesta a los clientes', ratifica Rols Halbach, de Yates Azimut.

Fuentes de la Guardia Civil aseguran que el fraude no es frecuente, aunque reconocen que existe y subrayan que en ocasiones las compañías de chárter están implicadas. 'Puede ocurrir que le hagan un favor a un amigo en concreto', comentan desde el cuerpo. En ese caso, la empresa también es denunciada. Ni la Guardia Civil, ni la Agencia Tributaria ni Capitanía Marítima han facilitado datos sobre cuántas embarcaciones son multadas por este motivo o a qué cantidad asciende este fraude. Al año se matriculan para el alquiler alrededor de 850 barcos, aunque este año la tendencia se encuentra ligeramente a la baja y el número ha descendido cerca de un 8% con respecto al año pasado.

El impuesto especial de matriculación obliga al pago del 12% del valor de la embarcación. La ley 38/1992 que lo regula establece que las embarcaciones de recreo de entre ocho y 15 metros de eslora están exentas de liquidar esta tasa si se destinan 'exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler' (los barcos de menos de ocho metros no están sujetos a este impuesto y los de más de 15 deben pagarlo obligatoriamente). Las embarcaciones deben destinarse únicamente al alquiler durante cuatro años para poder obtener la exención total de la tasa. La multa para aquellos a los que la Guardia Civil atrape cometiendo fraude obliga al pago del impuesto más una sanción del 9%.

En el sector se quejan de que la fiscalidad de las embarcaciones de recreo es excesiva: 'El problema es que la normativa, extrapolada directamente del alquiler de vehículos, no facilita el desarrollo de nuestra actividad, sino al contrario', explica Cristina Sastre, presidenta de la Federación Española de Alquiler Náutico. Según dice, 'ni siquiera es posible navegar en el barco para realizar reparaciones; éste es el único negocio donde el propietario no puede pisar su propiedad'.