El Estatuto catalán se vuelve papel mojado el sábado
Todo está preparado para escenificar el próximo sábado 9 el divorcio formal entre la Generalitat catalana y el equipo del vicepresidente, Pedro Solbes, en materia de financiación. El consejero de Economía de la administración autonómica, Antoni Castells, celebrará un acto en el que se reunirá primero con los miembros de la parte local de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos (integrada por representantes del PSC, ERC e ICV-EUIA, los tres partidos del Gobierno catalán) para después hacerlo con CiU. El aniversario podría culminar con una propuesta de financiación alternativa a la de Solbes, aunque todas las partes se han emplazado oficialmente para septiembre.
Lo que es seguro es que este sábado concluyen los dos años de margen que daba el texto estatutario para cimentar unas bases de un sistema de financiación, cerrar una serie de traspasos de competencias y mejorar el compromiso inversor del Estado en siete años. Sólo en éste último aspecto se ha alcanzado un acuerdo, visualizado en el pacto Castells-Solbes del otoño pasado, por el que el Gobierno se comprometió a invertir el peso que Cataluña tiene en el PIB, cifrado en el 18,8%.
A efectos prácticos tampoco ha cuajado, porque la Generalitat no ha pasado al Gobierno el listado de inversiones en infraestructuras que reclama hasta la última reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat del 30 de julio.
El propio PSC teme que sea el Tribunal Constitucional el que ejecute el recorte final
Las propias desavenencias internas del tripartito sobre la conveniencia de algún proyecto ha retrasado la presentación de esta propuesta. En cualquier caso, la Generalitat solicita unas inversiones en infraestructuras de 35.454,9 millones de euros entre 2007 y 2013.
En la misma reunión de la semana pasada, el consejero de Interior, Joan Saura, y la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, pactaron el traspaso de la Inspección de Trabajo y la creación de cuatro ponencias (formación, bibliotecas, resolución de conflictos entre operadores de radio y seguro escolar). Pero no hubo acuerdo sobre los temas relevantes, como el traspaso de Cercanías de Renfe. La gestión del aeropuerto de El Prat ni se incluyó en Estatuto en su elaboración, en 1996.
En resumen, los responsables de CiU denuncian que se han anunciado hasta 16 traspasos de competencias, y que sólo cuatro se han completado (notarías, expedición y homologación de títulos universitarios, seguridad privada y asignación de derechos de propiedad intelectual).
Incluso en temas consumados como el de las becas, que cuenta con dos sentencias favorables del Tribunal Constitucional, el consejero de Educación de la Generalitat, Ernest Maragall, ha urgido al Gobierno a su traspaso final.
Finalmente se llega al tema de la financiación, el único que mantiene unidos al tripartito y a CiU, y el que ha centrado el debate en los últimos meses, al afectar al resto de comunidades autónomas. Es aquí donde estriba el nudo del conflicto, porque el texto estatutario preveyó una negociación bilateral, exclusiva con el Estado, mientras que Cataluña sigue incluida en la Ley de financiación común, la Lofca, lo que supone que hay que negociar los sistemas de nivelación y solidaridad con las otras 16 Comunidades.
A grandes trazos, el Estatuto estipula el cálculo de una nueva fórmula de financiación que tenga en cuenta el crecimiento de la inmigración registrado en Cataluña en los últimos años, desde los últimos cálculos de 1999. No es lo mismo el aumento de la población autóctona que el contabilizado según la inmigración, porque en este último caso el coste de integración es mayor.
Servicios mínimos
Solbes ha asegurado que la propuesta presentada el 21 de julio cumple los mínimos del Estatuto, pero en la Generalitat aseguran que no se concreta qué servicios se consideran básicos (el Estatuto asegura que son sólo educación, sanidad y servicios sociales).
Tampoco se concreta la creación de la Agencia Tributaria consorciada, ni la autonomía tributaria. Tanto el Gobierno catalán como CiU dan por buenos los últimos números de la Cámara de Comercio de Barcelona, que asegura que el Estado debería inyectar 12.000 millones al conjunto del sistema autonómico, de los que 3.800 millones corresponderían a Cataluña. Esta cifra no dista mucho de los 4.300 millones calculados por CiU con base a 2006.
A pesar de todas las negociaciones, todos los partidos, incluso el PSC, temen que sea el Tribunal Constitucional el que oficialice el 'recorte final' del texto estatutario.