Los parados franceses serán sancionados si rechazan dos ofertas "razonables" de empleo
La Asamblea Nacional francesa adoptó ayer un proyecto de ley sobre "derechos y deberes de los solicitantes de empleo" que prevé sanciones en caso de rechazo de "dos ofertas razonables de trabajo", una medida anunciada el pasado mes de mayo por el Gobierno que ha puesto a los sindicatos en pie de guerra.
El partido gubernamental, la UMP, ha votado a favor junto a sus socios de Nuevo Centro mientras que la oposición en bloque formada por socialistas, verdes y comunistas lo ha hecho en contra de un texto ya adoptado por el Senado y que el secretario de Estado de Empleo, Laurent Wauquiez, defendió como la mejor forma de "acompañar" a los solicitantes de empleo y, por otro lado, de "controlar mejor los abusos".
El conjunto de la oposición tilda la ley de "inútil, peligrosa y humillante", mientras los sindicatos han puesto el grito en el cielo.
Así, Fuerza Obrera denuncia que la ley trata a los solicitantes de empleo como "perezosos" mientras que la Confederación General de los Trabajadores (CGT) cree que quienes carecen de empleo "pasan del estatuto de víctimas de la política de empleo de las empresas a un estatuto de culpable de estar en paro".
El nuevo texto legislativo estipula que si un parado rechaza dos ofertas razonables de empleo, su nombre será eliminado de la lista del Servicio Público de Empleo. La normativa define esta "oferta razonable" sobre la base del proyecto personalizado del solicitante de trabajo.
En el caso de un parado inscrito durante tres meses en las listas del paro la oferta se considera "razonable" si es compatible con sus cualificaciones y si el trabajo que se le ofrece está remunerado al menos al 95 % del salario percibido en su anterior empleo. Este porcentaje baja al 85% tras seis meses de paro y al cabo de un año se juzgará razonable una oferta que le pague tanto como la prestación por desempleo.
También será razonable un empleo que requiera un trayecto máximo de una hora o una distancia máxima de 30 kilómetros desde el domicilio al lugar de trabajo. Para Julien Dray, portavoz del Partido Socialista, la adopción de esta ley "quedará en la memoria como el punto final de un plan preparado minuciosamente por la UMP consistente en imponer sus falsas advertencias neoliberales al derecho social francés".
Los diputados han votado igualmente a favor de una enmienda que prevé la creación de un mediador para solucionar los conflictos que puedan surgir entre los parados y el servicio público de empleo y otra que garantiza que ningún trabajador podrá ser obligado a aceptar un trabajo a tiempo parcial si su perfil prevé que busca uno a tiempo completo.
También se ha votado a favor de eliminar paulatinamente la exención de los parados de más de 57 años a buscar trabajo, hasta su completa desaparición en 2012, medida que se inscribe en el plan gubernamental para fomentar el empleo en los 'seniors'. La Ley será votada la próxima semana por el procedimiento de urgencia.
La medida pretende lograr el objetivo que se marcó el presidente Nicolas Sarkozy durante su campaña presidencial, que es lograr una tasa de pleno empleo y situar el paro en el 5% en 2012.