El Gobierno agilizará las licencias de los supermercados
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció ayer que el Gobierno extenderá el silencio administrativo positivo a todos los trámites empresariales como parte del paquete de medidas encaminadas a transponer la directiva comunitaria de servicios a la legislación española y agilizar la apertura de nuevos supermercados.
En el caso concreto del comercio, la ampliación de este derecho significará que 'si en un plazo razonable, una empresa del sector no obtiene respuesta a una solicitud de licencia para abrir un nuevo establecimiento, ésta se considerará aprobada', explicó el ministro.
La medida será uno de los proyectos legislativos que el Gobierno presentará en los próximos meses a las Cortes Generales con el objetivo de adaptar la normativa española a la Directiva de Servicios aprobada a fines de 2006 por Bruselas.
El ministro anunció la medida durante la inauguración de la Asamblea General de Asedas, la patronal de los supermercados, con cuyos dirigentes coincidió en la necesidad de simplificar la legislación comercial para aumentar la competitividad del sector.
'Tenemos que eliminar cargas burocráticas innecesarias y que el cumplimiento de las normas no signifique un coste adicional a los costes propios de la actividad empresarial', dijo.
La iniciativa fue bien recibida por la asamblea, aunque suscitó algunas dudas. Un comerciante preguntó si su aplicación era factible considerando que la concesión de licencias es una competencia de las comunidades autónomas. La pregunta no pudo ser contestada por el ministro, que ya se había marchado, pero el director general de Asedas, Ignacio García, comentó al respecto que si bien el silencio administrativo debe extenderse de forma 'absoluta y predominante', éste debe aplicarse como último recurso.
Lo primordial, según García, es que las administraciones abrevien los trámites ya que, con frecuencia, el problema no es si ésta aprueba o no la licencia, sino cuánto tarda en otorgarla.
En cuanto a la transposición de la Directiva de Servicios, García aclaró que hay que distinguir entre la ley paraguas (de aplicación general para todos los sectores) y las modificaciones de normas específicas que en el caso de los supermercados es la Ley de Ordenamiento del Comercio Minorista.
En el caso concreto de la adaptación de esta norma, que data de 1996, informó que la patronal tiene conocimiento de que el borrador inicial 'está a punto de ser cerrado' para ser presentado al ministro. Paralelamente, aclaró que las comunidades autónomas están avanzando en la adaptación de sus propias normas a la directiva europea, por lo que, 'en realidad, no sería necesario que la legislación básica esté lista para incorporarla a las directivas de las comunidades', dijo.
La Directiva de Servicios consagra la libertad de establecimiento y prestación de servicios de las empresas del sector comercio en los distintos estados miembros.
Según García, en lo que concierne a este punto, España es el país de la Unión Europea que está en mejores condiciones de cumplir la directiva porque las empresas comunitarias tienen el 30% del mercado español.
Observatorio de precios minoristas
Miguel Sebastián anunció también que antes de que acabe el año, el Gobierno pondrá en marcha el Observatorio de Precios del Comercio Minorista que facilitará a los consumidores información trimestral sobre grupos de productos. La información estará desagregada por provincias y por enseñas o establecimientos.El ministro pidió a los supermercados que 'colaboren con este ejercicio de transparencia que redundará en el sector' en momentos en que es visto por algunos consumidores como el responsable de la subida de los alimentos.'Soy consciente de vuestro papel en la creación de valor añadido y empleo. Y también de que tenéis mala prensa. Pero quiero aseguraros que tenéis el apoyo de este ministro', dijo a la asamblea.