Castilla y León recurre a un estudio para exigir más recursos por dispersión de población
La Universidad de Valladolid presentó ayer un estudio, encargado por la Junta de Castilla y León, que defiende que la 'baja densidad de población y la alta dispersión en un territorio implica altos costes y menor eficiencia' en la prestación de servicios públicos.
El mismo día que el Gobierno catalán presentó sus balanzas fiscales, en Valladolid, un grupo de expertos, coordinados por el profesor Jesús Cavero, advertía de que el actual sistema de financiación no alcanza a recoger la 'complejidad' de la dispersión de población y su efecto en los costes de los servicios. Cavero destacó que, según el informe, las comunidades más extensas y con mucha población asentada en pequeños municipios son las que tienen una peor accesibilidad a los servicios.
El estudio sustenta la línea argumental de la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, que en las actuales negociaciones de reforma del sistema de financiación defiende que la población no sea el único criterio que determine el reparto de recursos. En el sistema actual, la población es corregida por la dispersión, la insularidad, la superficies, el porcentaje de población protegida y personas mayores de 65 años y la insularidad.
'El informe de los expertos da la razón a Castilla y León', declaró Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de la comunidad, que defendió que el criterio poblacional pese un 80% -actualmente es del 90%- en el sistema de financiación. En esa línea, Castilla y León firmó el miércoles un documento con el Gobierno asturiano (PSOE).
Aparte del tema poblacional, piden que el sistema tenga en cuenta el coste de la Ley de Dependencia y refuerce el Fondo de Compensación Interterritorial. Supone el primer acuerdo material en temas de financiación entre una comunidad gobernada por el PSOE y otra por el PP. Sin embargo, en el marco de este debate también Valencia (PP) y Cataluña, gobernada por socialistas e independentistas, se han reunido y han mostrado grandes puntos en común.
Ambas comunidades, la valenciana y Cataluña, junto con las otras cuatro (Aragón, Andalucía, Baleares y Castilla y León) que, recientemente, han aprobado nuevos Estatutos se reunieron en Zaragoza para abrir nuevas vías de cooperación y colaboración entre ellas.