Los expertos piden 15.000 millones para educación en la financiación autonómica
El actual sistema de financiación autonómica reparte el dinero entre regiones en función de las necesidades de gasto de cada territorio, que vienen determinadas por parámetros como la población, la dispersión geográfica, la superficie o la insularidad.
Un sistema considerado 'imperfecto y claramente mejorable', según un estudio coordinado por Ángel de la Fuente, investigador del Instituto de Análisis Económico, y María Gundín, profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
El informe, patrocinado por Caixa Galicia y presentado ayer, realiza un ejercicio práctico en el que plantea nuevas fórmulas para calcular las necesidades de gasto en sanidad, educación, servicios sociales e inmigración de cada región para que el sistema sea más transparente y cumpla con el principio de igualdad.
De este modo, los autores reclaman la creación de dos nuevos fondos en educación e inmigración. En el primer caso proponen una partida de 14.558 millones de euros (un 27,3% de los recursos del sistema), que se obtendría del fondo general para competencias comunes que se asignan en función de la población. De esa partida, uno de cada dos euros se distribuirían en función de la población escolarizada desde 0 a 24 años y el resto en función de los estudiantes matriculados en centros públicos o concertados. Con este nuevo reparto, el informe concluye que la comunidad más beneficiada sería Andalucía, que recibiría 440 millones de euros más que en la actualidad, mientras que la más perjudicada sería Cataluña, con una merma de 205 millones de euros.
Respecto a la inmigración plantea un nuevo fondo de 200 millones de euros que se obtendría también de la financiación ligada a la población. De ese dinero se verían beneficiadas las comunidades con mayor presencia de población inmigrante (Madrid y la Comunidad Valenciana recibirían 14 y 10 millones de euros adicionales) mientras que Galicia y Castilla y León perderían 9 millones de euros cada una.
En el informe y de cara al nuevo modelo de financiación autonómica que ahora se está negociando, también se plantean cambios en la partida para sanidad, que en la actualidad se calcula según la población protegida por el Sistema Nacional de Salud. Los autores proponen que el cálculo se haga sobre la base de la población total, lo que supondría que Andalucía perdería 85 millones de euros, si se aplicaran esos parámetros.