La CNMV mira la primera emisión de 'acciones' de cajas con lupa
La CNMV examina minuciosamente el folleto de emisión de cuotas participativas de la CAM. La novedad del producto y las distintas interpretaciones sobre si los Gobiernos autonómicos pueden autorizar y cuánto deben destinar las cajas a remunerar las cuotas han provocado un debate entre los potenciales inversores extranjeros, que la CNMV está estudiando.
Todo el sector de ahorros está a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de la Caja del Mediterráneo para lanzar la primera emisión de cuotas participativas, instrumento similar a las acciones pero sin derechos políticos. La curiosidad no es gratuita. Varias entidades están pendientes del posible éxito de esta emisión para decidirse a salir al mercado.
Pero el regulador bursátil se está tomando más tiempo del que preveían inicialmente la CAM y el resto del sector. Lógico, aseguran varias fuentes financieras, si se tiene en cuenta la singularidad del producto y, sobre todo, del emisor: una caja de ahorros, entidad cuya naturaleza jurídica sigue sin ser entendida en muchos países.
El grupo que preside Vicente Sala lleva desde el pasado jueves esperando que se apruebe el folleto de las cuotas participativas. Fuentes del regulador bursátil reconocen el retraso en la autorización. ¢Es normal que se tarde. Es un producto muy novedoso, que va dirigido a un público muy amplio, el minorista, y hay que ser muy minucioso al examinar el folleto¢, señalan.
Uno de los puntos que más debate está provocando tanto entre los expertos, potenciales inversores extranjeros y la CNMV es quién autoriza finalmente el reparto de los beneficios de las cajas, y en esta ocasión de la CAM. La legislación de cajas de la Comunidad Valenciana dice textualmente en su artículo 52: ¢corresponde al Instituto Valenciano de Finanzas la autorización, en su caso, de los acuerdos adoptados por la asamblea general relativos a la distribución del excedente beneficio obtenido y el presupuesto anual para la obra benéfico-social¢ de estas entidades. La ambigüedad de esta redacción ha derivado en que algunos juristas interpretan que al final el gobierno autonómico puede decidir sobre la remuneración de las cuotas.
Fuentes del sector interesadas en secundar la iniciativa de la entidad alicantina aseguran que, aunque en la práctica los gobiernos autonómicos no interfieran en la decisión del reparto de la remuneración destinada a las cuotas participativas, sí resta atractivo al producto. Mantienen que los potenciales inversores extranjeros de cuotas que cotizarán en Bolsa han declarado su rechazo a cualquier sospecha de influencia política en el reparto de los dividendos de las cajas. Otras fuentes jurídicas afirman que el real decreto de 2004 que regula las cuotas participativas deja perfectamente claro que parte del beneficio de una caja debe destinarse como dividendo de las cuotas. Y no cabe posibilidad de que intervenga el gobierno autonómico, explican. El momento poco propicio para salir a Bolsa, con un mercado a la baja, también es tenido en cuenta por la CNMV, lo mismo que el balance de la caja.
Además examina la singularidad de la naturaleza jurídica de la entidad cajas, con consejeros vinculados a la política y centrales sindicales. La CNMV tiene muy encuentra la transparencia del producto, estatutos de los consejeros y el buen gobierno corporativo.
El sector deberá reordenar las dotaciones a la obra social
Las cajas que emitan cuotas participativas tendrán que prestar especial atención a los efectos que tiene sobre su obra social. El real decreto que regula este tipo de producto financiero ordena que el porcentaje del beneficio que se atribuya a la obra benéfico-social no puede ser superior al que se destine a remunerar a los cuota partícipes.En el caso de CAM, según los pocos datos que se conocen de la emisión, el porcentaje que se destinará a la remuneración es del 7,5%, por lo que tomando los resultados de 2007 serían unos 29 millones de euros. Este año la caja ha destinado a la obra social 66 de millones. La ley, en todo caso, permite ¢adoptar medidas destinadas a atenuar el efecto en los porcentajes¢, sin entrar en más detalles.