Libertad bajo fianza para el presidente de Prasa, implicado en la trama de Estepona
La titular del juzgado de instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, instructora del caso de irregularidades urbanísticas descubiertas en Estepona (Málaga), había decretado, al cierre de esta edición, la libertad bajo fianza para cuatro de los veintiséis detenidos en el transcurso de la operación Astapa. Entre ellos se encuentra José Romero, presidente de la promotora Prasa (la segunda de Andalucía) y máximo accionista del Córdoba Club de Fútbol, al que impuso una fianza de 300.000 euros.
Otros dos detenidos a los que se les decretó libertad bajo fianza son Ana María Crespo, hermana del edil del Partido Estepona (PES) José Ignacio Crespo, y J.L.C.A. Ambos se ha fijado una fianza de 30.000 euros.
Por su parte, decretó 500.000 euros para el ex consejero delegado de la promotora 'Valle Romano', Luis Fernando Linares. Todose ellos disponen de un plazo de 72 horas para depositar las cantidades.
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, indicó ayer que el Gobierno no se plantea la disolución del consistorio malagueño, como sí hizo con el de Marbella en el caso Malaya. 'Deseamos que la justicia actúe rápidamente y el tema se aclare lo antes posible', subrayó.
Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano, reclamó un endurecimiento de las penas para delitos urbanísticos, al ser 'extraordinariamente leves' para perseguir esos comportamientos. 'Para un daño que se inflige en el patrimonio de todos y que tiene una perdurabilidad en el tiempo extraordinariamente larga no puede ser que haya una pena máxima de tres años de cárcel', señaló. En el caso de Estepona, Cano aseguró que ha rechazado modificaciones urbanísticas propuestas por su Ayuntamiento en los tres últimos años.
La Junta de Andalucía ha decidido personarse como acusación en las actuaciones.
Investigación
El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, no descartó ayer plantear una comisión de investigación. 'Las irregularidades evidencian con toda nitidez que están fallando los controles urbanísticos, lo que es una responsabilidad política de la Junta', señaló.