La CNC cree 'ineficiente' fijar tarifas mínimas en el transporte
'Ni legalmente posible ni económicamente procedente'. Esta es la respuesta de la Comisión Nacional de la Competencia sobre la posibilidad de fijar una tarifa mínima en el transporte por carretera, tal y como pedían algunos autónomos del sector.
Fijar una tarifa mínima en el transporte para paliar los efectos del encarecimiento del carburante sería contraproducente y supondría un impacto económico negativo. Este es el argumento que aparece en el informe que ayer emitió, a petición del Ministerio de Fomento, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
Es más, incluso para los propios transportistas, una intervención en el precio resultaría perjudicial. El problema del sector del transporte es su enorme atomización -el 90% de compañías tienen menos de cinco vehículos-, lo que le resta poder negociador ante su clientela. 'La experiencia nos dice que los clientes conseguirían repercutir por otras vías el incremento en costes que la implantación de la tarifa mínima les supone'.
Por otra parte, la intervención del legislador en los precios implica, por definición, una pérdida de eficiencia en un escenario de libre mercado. Y el impacto negativo se extendería, según la CNC, a toda la economía en la medida que el transporte por carretera es masivamente utilizado por otros sectores. Además, tal medida abriría la puerta a la economía sumergida, que aprovecharía para ofrecer el servicio por debajo del mínimo.
En definitiva, fijar un precio mínimo supondría, para Competencia, un retroceso 'en el esfuerzo liberalizador de los últimos años'. De hecho, la situación actual recuerda a la de los años 70, cuando la subida del precio del carburante llevó al Gobierno, en un contexto de 'competencia excesiva', a restringir la entrada de nuevas empresas en el sector del transporte por carretera. Una restricción ya desaparecida.
Tampoco los argumentos jurídicos avalan las reclamaciones de los transportistas. En aras al principio constitucional de libertad de empresa, los poderes públicos no pueden intervenir en los precios salvo que la medida se considere 'necesaria, adecuada y proporcional' al interés público. Excepciones que no concurren, según Competencia, en el establecimiento de una tarifa mínima en transporte.
El Gobierno se mostró firme en no aceptar un precio mínimo durante las negociaciones de la semana pasada con los transportistas en huelga. En caso de que cambiara de opinión, Competencia recuerda que impugnaría cualquier alteración del precio de mercado.
Y si, en lugar del Ejecutivo, fuera el sector el que llegara a un acuerdo sobre el precio, la Comisión lo consideraría una infracción 'muy grave', lo perseguiría y lo sancionaría.
El informe también aprovecha para negar que haya transportistas que estén vendiendo interncionadamente por debajo del coste para expulsar del mercado a competidores. Denuncia ésta recurrente en este sector.
En opinión de Competencia, los pequeños transportistas, obligados casi siempre por la necesidad de subsistencia, tratan de mantener los fletes a base de no repercutir el encarecimiento del carburante en los precios.
La Comisión cree que con precios mínimos se incentivaría la economía sumergida