La CE aboga por la supervisión pública de los auditores

La Comisión Europea recomendó ayer que las autoridades estatales asuman la responsabilidad de verificar la calidad de la actuación de los auditores de empresas cotizadas en Bolsa y que no dejen esa tarea, como ocurre en algunos países de la UE, a las organizaciones profesionales del sector auditor. El modelo español, según las fuentes consultadas, se aproxima bastante a la recomendación comunitaria.

Bruselas cree que, para lograr un sistema de inspección 'independiente y efectivo', el papel de los auditores en la vigilancia de sus propios colegas debe reducirse drásticamente y, en todo caso, someterse a las directrices y salvaguardas establecidas por el Estados.

La CE también pide a los 27 países de la UE que aumenten la transparencia y difusión de los resultados de las inspecciones llevadas a cabo. Y, en concreto, que hagan pública cualquier sanción o castigo impuesto a una compañía auditora como consecuencia de una deficiencia grave en su labor.

El documento de la CE, sin embargo, prevé que las autoridades concedan un plazo de 12 meses a los auditores para subsanar las deficiencias encontradas en un informe, plazo que no parece existir de manera expresa en la legislación española.

Estas medidas aparecen recogidas en una Recomendación (un documento sin fuerza legal vinculante) aprobada ayer por la Comisión Europea. El documento pretende aclarar los criterios sobre los sistemas de control de las auditoras previstos en una directiva aprobada en 2006.

La Recomendación señala que las inspecciones a los auditores deben verificar sus sistemas de control interno; revisar casos concretos, y evaluar la transparencia de su informes. Profesionales del sector de la auditoría pueden ayudar a las autoridades a realizar las inspecciones. Pero la responsabilidad final incumbe al organismo público encargado de llevarlas a cabo.