Endesa cifra en 3.500 millones los costes de la ley de calidad catalana
El presidente del consejo asesor de Endesa, Antón Costas, cifró ayer en 3.500 millones de euros las inversiones que deberá realizar la eléctrica en aplicación de la nueva Ley de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico que elabora el parlamento catalán. Además, Costas se refirió a los elevados costes medioambientales, que no cuantificó pero que habrá que añadir en concepto de movimientos de tierra, materiales y emisiones de CO2.
El representante de Endesa compareció ayer ante la comisión de Economía para opinar sobre el proyecto de Ley, que podría tramitarse justo antes del próximo verano. Antón Costas basó sus críticas a un texto legal 'excesivamente minucioso', que obliga a suministrar a cada cliente en las zonas urbanas desde dos subestaciones a la vez. El proyecto de Ley, elaborado a partir del apagón que dejó sin suministro a 350.000 abonados de Barcelona a finales de julio de 2007, exige también el traspaso de la tensión de la red de 11 kilovoltios (el 70% de las instalaciones existentes) a 25 kilovoltios, medida de la que Costas afirmó que 'es imposible físicamente en el plazo de dos a tres años' que marca la futura Ley. Por último, Costas se refirió a la obligación de proteger los sistemas de incendios de las subestaciones, 'pero sólo los que tengan riesgos reales'. Cabe recordar que buena parte del apagón del año pasado se produjo después del incendio producido en la subestación barcelonesa de Maragall, una instalación compartida con Red Eléctrica (REE).
Precisamente, Costas indicó que el proyecto de Ley 'olvida' las inversiones que debería hacer 'la red de alta', es decir Red Eléctrica, teniendo en cuenta que la CNE repartió las culpas del apagón entre Endesa y la compañía transportista. Por su parte, el delegado de Red Eléctrica en Cataluña, Lluis Pinós, aseguró en su comparecencia que un incidente como el que se produjo el año pasado en Barcelona 'no se volverá a producir'.
LOS PLAZOS
El director general de Fecsa Endesa, Josep Maria Rovira, afirmó que una de las trabas para cumplir con las inversiones son los plazos administrativos, puesto que instalar una subestación supone un mínimo de dos años de trámites más otro de construcción.