Reino Unido acusa de cártel a 112 constructoras
Un total de 112 constructoras británicas han sido acusadas en Reino Unido de manipular al alza contratos con la Administración valorados en unos 3.000 millones de libras (3.750 millones de euros), al acordar en secreto las cuantías a demandar para la ejecución de obras que incluían desde escuelas públicas hasta universidades y hospitales.
Este es el resultado de una investigación que inició hace cuatro años la Office of Fair Trading (OFT), el organismo británico de control del comercio. El proceso, el de mayor envergadura acometido hasta la fecha, se ha cerrado con un 'comunicado de objeciones' por fijar los precios de forma irregular remitido a un grupo de empresas entre las que figuran algunas de las constructoras más importantes del país, como Balfour Beatty o Carillion.
Cerca de 80 de las investigadas han admitido haber participado en alguna forma de manipulación, según confirmó la propia OFT. Constructoras que no estaban interesadas en un determinado contrato presentaban ofertas a precios elevados para incrementar artificialmente el resultado final del concurso. Algunas de las empresas que inflaban los precios luego recibían un pago en negro por parte de la firma que resultaba adjudicataria.
Esta práctica, ilegal en Gran Bretaña desde el año 2000, llevaba a la Administración de turno a tener que elegir entre ofertas en realidad inexistentes para acabar optando por una que, en todos los casos, incluía precios amañados. Según denunció la OFT, el resultado final es que los precios de los contratos podrían haberse incrementado hasta un 10% de media respecto a las condiciones normales de mercado. En este proceso, las compañías han llegado a presentar facturas falsas para justificar sus propuestas.
La investigación se inició en 2004 a raíz de una queja de las autoridades del condado de Midlands, pero pronto se amplió a otras localidades para acabar con un análisis a nivel nacional, lo que acabó en redadas en 57 constructoras. El resultado de la operación ha sido ya remitido a las 112 empresas implicadas, que deberán responder de sus acciones en el plazo de unos pocos meses. Las empresas acusadas pueden recibir multas equivalentes al 10% de su facturación total.