Unespa pide para la dependencia un fondo de nivelación regional
La patronal del seguro, Unespa, propuso ayer instaurar una suerte de fondo de compensación interterritorial para equilibrar el esfuerzo en gasto público de las comunidades en el marco de la Ley de Dependencia que entró en vigor en 2007.
Si los Presupuestos Generales del Estado destinan una partida al Fondo de Compensación Interterritorial para corregir desequilibrios económicos entre comunidades, ¿por qué no crear un fondo similar en virtud de la Ley de Dependencia? Esa es la idea que lanzó ayer la secretaria general de Unespa, Mirenchu del Valle, en el III seminario sobre el sector asegurador celebrado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF).
La patronal comparó el porcentaje que cada comunidad autónoma destina a gasto en dependencia en comparación con su aportación al PIB estatal y al número de dependientes. Así, ocho comunidades -Andalucía, Castilla y León, Galicia, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Asturias, y Cantabria- realizan un esfuerzo en dependencia superior a su contribución al crecimiento.
'Por ejemplo, Castilla y León, que genera 5,6 euros de cada 100 euros del PIB, acumula el 7,3% de los dependientes pero tiene que financiar el 9,22% del gasto total' (ver tabla), apuntó Mirenchu el Valle. Ello es así, porque los dependientes en esa comunidad autónoma, explico del Valle, tienen una esperanza de vida mayor.
Se prevé que en 2020 haya en España millón y medio de beneficiarios
En el lado contrario se sitúan las comunidades más ricas, lideradas por Madrid y Cataluña. Así, la comunidad presidida por Esperanza Aguirre contribuye en un 18,36% al PIB estatal, mientras que su gasto público en el marco de la Ley de Dependencia es del 17,36%. En la misma situación, aunque en menor medida que Madrid, se encuentran País Vasco, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana.
Todo ello, ha hecho que la asociación se plantee como posible solución, la creación de un fondo para que el Gobierno central tenga en cuenta tales asimetrías y proporcione una mayor financiación para las comunidades que realizan un gasto mayor.
Con todo, la Ley de Dependencia aprobada en 2006 aún no se está aplicando en toda su extensión y Unespa realiza estimaciones ante la falta de datos oficiales. Para calcular el número de beneficiarios por la ley ha tomado como referencia la cantidad de discapacitados de cada comunidad.
Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en 2010 habrá 1.246.429 beneficiarios y en 2020, el número ascenderá hasta el millón y medio. Aun así, si bien siete de cada diez grandes dependientes tiene ya asignada su prestación, buena parte de ellos aún está pendiente de recibirla.
El interés del sector del seguro por el gasto en dependencia se debe a que muchas compañías de seguros ofrecen servicios de asistencia. Es decir, la administración pública les contrata para llevar a cabo el plan asistencial.
En cualquier caso, la Ley de Dependencia precisa de un mayor desarrollo reglamentario. Por ejemplo, se debe elaborar la normativa que especifique qué centros, servicios y entidades pueden realizar las tareas asistenciales que prevé la ley. Además, aún no se ha determinado el copago de los usuarios en función de su renta.
A pesar de las lagunas, el Gobierno prevé destinar 871 millones este año y 1.200 en 2009 a desarrollar la Ley de Dependencia. Es una cantidad sensiblemente mayor a la prevista inicialmente.
Colocar todos los huevos en una misma cesta es arriesgado. Y la patronal del seguro no deja de recordarlo. La secretaria general de Unespa, Mirenchu del Valle, advirtió ayer de la excesiva exposición del ahorro de los españoles al ladrillo y cómo este fenómeno tendrá consecuencias serias sobre los ingresos de los ciudadanos tras la jubilación y en los casos de dependencia.
'El ahorro es el único remedio que nos permitirá afrontar el envejecimiento de la población al que se enfrenta el país y en España está centrado en la vivienda. Las operaciones de movilización del patrimonio inmobiliario son la única esperanza para atender la dependencia', recordó.
Fórmulas como la hipoteca pensión o la hipoteca inversa aparecen como 'la única alternativa posible' para quienes, a causa de la vejez o de un percance, no puedan valerse más por sí mismas en el futuro. 'Esto hace a la dependencia muy sensible a la evolución del ciclo inmobiliario', indicó Del Valle. La representante de Unespa estimó que 'las pensiones van a sobrevivir. Pero garantizándolas no ganamos el partido. Sólo empatamos'. En la patronal del seguro creen que 'hay que mejorar las pensiones de los mayores de 65 años con el ahorro privado'.
Más ayudas fiscales
El sector aprovechó para plantear que la tributación a planes de pensiones se estructure en dos partes. Por un lado, que las aportaciones se graven al tipo marginal por ser fruto de los rendimientos del trabajo, mientras que el dinero logrado con las inversiones del fondo tribute al 18% al considerarse renta del ahorro. Unespa además cree que hay que incentivar la fiscalidad de seguros de vida con cobro en forma de rentas vitalicias.
El director general de Tributos participó en el curso del IEF. José Manuel de Bunes estuvo de acuerdo en que hay que 'favorecer las rentas vitalicias'. Y aunque reconoció que los planes de pensiones 'podrían tener un tratamiento dual', descartó que el objetivo último de la fiscalidad sea actuar como 'un instrumento que fije cómo colocar el ahorro de los ciudadanos entre productos financieros'.