Acelerar el plan viario y el gasto social, entre las prioridades
La gestión de las prestaciones por dependencia impulsaría el empleo.
Los expertos difieren en algunas de las medidas más urgentes a implantar, aunque, en su mayoría, están de acuerdo con algunas de las prioridades anunciadas por el Gobierno. El próximo Ejecutivo centrará parte de sus apuestas en acelerar el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), al tiempo que buscará recolocar a los parados que ineludiblemente generará la vivienda en otro tipo de construcción y en determinados servicios.
Las medidas para sostener en lo posible la vivienda ya están en marcha: el Instituto de Crédito Oficial ha lanzado una línea de avales para fondos de titulización de vivienda protegida por valor de 3.000 millones. Aurelio García, presidente del ICO, se muestra dispuesto a ampliar dicha línea hasta los 5.000 millones, y también ha crear líneas de crédito para otros sectores con dificultades. Además, Martínez es partidario de ampliar la línea ICO-Pyme, destinada a aumentar la competitividad de la pequeña y mediana empresa. Medidas todas destinadas afrontar parte de las dudas financieras que, a juicio de los analistas, deben ser complementadas con otras acciones a corto y medio plazo.
La mayoría de los expertos consultados reclama que se utilice la saneada situación presupuestaria para realizar inversiones, y casi todos sitúan las infraestructuras como la prioridad. El presidente de AFI, Emilio Ontiveros, sugiere que el esfuerzo inversor no se limite al capital físico, sino que se extienda al humano y al tecnológico para sentar bases de futuro y mejorar la atracción de financiación exterior, algo crucial en un país como España.
Miguel Ángel García, responsable del gabinete económico de Comisiones obreras, apunta al otro eje principal de las propuestas: los servicios sociales. Como recuerda Xavier Segura, jefe del Servicio de Estudios de Caixa Catalunya, la obra pública es en términos de empleo mucho menos intensiva que la construcción de vivienda. 'Por eso, el grueso de las recolocaciones tendrá que hacerse en el sector servicios', afirma Segura. Para García, el desarrollo inmediato de la Ley de Dependencia y la ampliación de plazas de guardería para niños entre cero y tres años suponen oportunidades para recolocar parte del personal de la construcción.
A propósito del gasto social, este fin de semana el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, manifestó que el Gobierno tiene margen para cumplir con los objetivos sociales del programa electoral, pero advirtió que, si las previsiones de crecimiento son inferiores al 3% en 2009, habrá replantear el gasto y que ver qué es lo prioritario.
Recolocaciones
La búsqueda de nuevos empleos para los parados que generará la crisis de la construcción es una prioridad, pero los expertos no la limitan a los servicios sociales. Tanto Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, como el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclaman una apuesta por la rehabilitación de centros históricos de ciudades. Esa medida tiene la ventaja de una mayor inmediatez que la obra civil.
Ferrán sugiere también una reforma completa de la red de aguas, e introduce un estímulo fiscal más polémico: aumentar las deducciones por vivienda, incluso extendiéndolas más allá de lo habitual. Segura se opone: 'Peticiones como la desgravación por segunda vivienda no tienen ningún sentido. El exceso de facilidades fiscales ha ayudado a formar la burbuja que sufrimos'.
La promesa del PSOE de devolver 400 euros a trabajadores y pensionistas cuenta con críticas como la de Juan Iranzo, presidente del Instituto de Estudios Económicos, favorable en cambio a reducciones del impuesto de sociedades y las cotizaciones a cargo de las empresas. Juan de Lucio, director del Servicio de Estudios de las Cámaras de Comercio, sí cree que los controvertidos 400 euros ayudarán a sostener el consumo y limitar la morosidad. De Lucio recuerda que parte de la crisis se debe a la falta de confianza y sugiere mejorar la comunicación: 'Hay que exponer en los mercados internacionales la situación real de las entidades españolas, muy saneada en términos comparados, y de las grandes constructoras, que han diversificado sus destinos'. De Lucio es partidario de aumentar el gasto y recortar tributación a las empresas.
El moderado consenso respecto a las medidas para afrontar la desaceleración no esconde una reclamación unánime: España reformas económicas y aumentar la inversión en capital físico, humano y tecnológico, para cambiar su modelo productivo y evitar excesos de dependencia de un sólo sector.
IEE. Rebajar las cotizaciones a las empresas
Desde el Instituto de Estudios Económicos reiteran que la principal apuesta del Gobierno debe ser recortar los gravámenes empresariales. Su presidente, Juan Iranzo, afirma que se debe rebajar el impuesto de sociedades hasta el 20%, además de recortar en tres puntos las cotizaciones a la Seguridad Social. También solicita una 'liberalización' del mercado laboral: 'El objetivo debe ser favorecer la movilidad y acabar con la ultraactividad de los convenios. En la actualidad, si no hay nuevo acuerdo se prorrogan los vigentes, de modo que cada nueva concesión pasa a ser permanente'.Iranzo considera urgente ampliar la vida útil de la central de Garoña, 'para enviar un mensaje favorable hacia la energía nuclear'. Además, reclama trasvases y un programa de transporte ferroviario en el eje mediterráneo.
AFI. Recortar el déficit inversor del país
El presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, considera prioritario acelerar la licitación de infraestructuras, aunque cree que el esfuerzo inversor no debe limitarse a ese adelanto. 'Es necesario acelerar las inversiones para dotar al país del capital que va a necesitar a medio plazo: las asignaturas pendientes, como distintos estudios vienen poniendo de manifiesto, son el capital tecnológico y la educación, tanto reglada como en la empresa. Ello debe insertarse en un plan de modernización económica de España, que defina un horizonte de dotación de capital humano y tecnológico a la altura de los países del norte de Europa'.Ontiveros sostiene que así se fortalecería la confianza para atraer inversión extranjera directa de calidad, el tercer eje de las medidas urgentes que propone.
CEOE. Rehabilitaciones y reforma de la red de aguas
Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal CEOE, reclamará al Gobierno que, dentro del plan de recolocaciones presentado a los agentes sociales, se incluya la rehabilitación de los cascos urbanos más antiguos y el reacondicionamiento de toda la red de conducción de agua del país 'con la que hoy se pierde entre el 30% y el 40% de las reservas'. En una entrevista a Europa Press, Díaz Ferrán afirma que estas medidas conllevarían una 'traslación exacta' de puestos de trabajo perdidos en construcción residencial. Además, resalta que los efectos serían más inmediatos que en las actuaciones sobre infraestructuras de transporte. CEOE reclama también actualizar la deducción por vivienda habitual en función del IPC de cada año, y no descarta extender la ayuda fiscal a la segunda vivienda.
CCOO. Asistencia social y guarderías públicas
En el sindicato Comisiones Obreras consideran complicado encontrar recetas para una situación 'tan difícil' como la que se avecina. El responsable de su gabinete económico, Miguel Ángel García, afirma que se debe garantizar la cobertura a los trabajadores que pierdan su empleo, 'para que los más desprotegidos no paguen la situación actual'. García cree que no caben más rebajas de impuestos, y plantea asumir un cierto déficit público que ejerza como estabilizador automático. Para ello, propone acelerar el desarrollo de la Ley de Dependencia y generalizar la educación entre cero y tres años. A García aboga por aumentar la inversión en educación e I+D, además del mantener la de las infraestructuras ('difícilmente se puede elevar') para modificar la estructura productiva.
UGT. Mayor atención al plan de infraestructuras
Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, considera prioritario adelantar la obra civil enmarcada en el PEIT. Además, propone recolocar a parte de los desempleados que genere la vivienda en planes de rehabilitación en las ciudades.Otro foco sería la inversión en servicios sociales, sobre todo en el ámbito de la dependencia y de la educación infantil. 'La combinación de infraestructuras e inversión en servicios sociales puede frenar la caída debida a la construcción residencial. También se debe aumentar la dotación en actividades vinculadas al medio ambiente, como servicultura, guardabosques o lucha contra incendios, donde puede recolocarse gente de forma inmediata'. Ferrer recuerda que estas medidas de corto plazo no deben retrasar el impulso a la I+D para cambiar el modelo productivo.
Caixa Catalunya. Obra civil, VPO y aumento de la competencia
El jefe del Servicio de Estudios de Caixa Catalunya, Xavier Segura, reclama dos tipos de incidencia del sector público sobre la construcción: adelantar la adjudicación de obra civil ya planeada e impulsar planes de vivienda de protección oficial, 'lo que además mitigará el problema del acceso, sobre todo entre los jóvenes'. Segura, contrario a cualquier incentivo fiscal, recuerda que España debe tratar de atajar otros graves problemas como el déficit corriente o la inflación. Además de las políticas estructurales, el analista considera que, a corto plazo, medidas como la investigación sobre el precio de los alimentos desarrollada por la Comisión Nacional de Competencia va en la buena dirección. A su juicio, se debe incentivar la competencia y no se sucumbir al proteccionismo frente al exterior.