El juez que actuó contra EDF reconoce que puede ser declarado incompetente
Edorta J. Etxarandio, responsable del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, reconoce que hay "mucho riesgo de que sus asesores -refiriéndose a EDF- le aconsejen no cumplir la orden al considerarle incompetente", según informa El Correodigital.
La compañía eléctrica francesa EDF ya ha recibido el auto del Juzgado Mercantil de Bilbao número dos que le obliga a explicar mediante anuncios en prensa sus planes para Iberdrola.
La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán solicitó el pasado 17 de marzo al Juzgado la adopción de medidas cautelares contra EDF al considerar que la francesa incurría en un acto de obstaculización desleal de la competencia con grave perturbación y daño para el normal desarrollo de su actividad y su reputación e imagen en los mercados.
Nueve días después, el Tribunal emitió un auto en el que acordó varias medidas cautelares, entre ellas la obligación por parte de EDF de insertar, en un plazo de cinco días, anuncios clarificando sus intenciones en Iberdrola en los diarios españoles El País, El Mundo y Expansión, en el británico Financial Times y el estadounidense The Wall Street Journal.
El magistrado de Bilbao asegura que no le ha costado tomar la decisión porque el caso estaba muy claro. "La prolongada indefinición de EDF", sobre sus intenciones "obstaculizan el proyecto de Iberdrola", afirma. La incertidumbre que envuelve el caso obstaculiza -en su opinión- el plan esratégico de la compañía que preside Sánchez Galán, y por eso se plantea la conducta de EDF como competencia desleal.
En cuanto a la orden, Etxarandio reconoce que los asesores de EDF aconsejen no cumplirla al considerarle incompetente. "En ese caso yo no puedo hacer más. Ni siquiera poner una multa". Y añadé, "Si EDF desobedece al juez, el caso se sometería a derecho penal francés".
Al estar EDF domiciliada en Francia la comunicación del auto debe seguir los trámites previstos en la normativa europea, que estipula que se debe notificar mediante ujieres de justicia, correo certificado o los órganos judiciales correspondientes.