Competencia, inflación y poder adquisitivo
España ha crecido en los últimos 15 años mucho más rápido que sus principales socios europeos. Lo ha hecho ayudada por una llegada masiva de población inmigrante, y ha conseguido absorber casi un 10% más de habitantes sin por ello dejar de elevar su renta por habitante. El reto de superar el nivel de renta per cápita de Francia en la próxima legislatura parece osado, pero también lo parecía hace no tanto alcanzar a Italia.
Cosa distinta es la capacidad de consumo personal que ofrece la renta media. En este índice, España se sitúa justo en la media de la Unión Europea, mientras que en renta per cápita alcanza el 105%. El desfase se debe, principalmente, a la losa hipotecaria que pesa sobre buena parte de los hogares.
La ralentización del endeudamiento es una buena noticia, pero el hecho de que las familias dediquen un 37% de su renta disponible neta a la compra de vivienda es una carga que explica parte de la desaceleración del consumo interno. En esas condiciones, los estímulos de la política fiscal vía reducción de impuestos directos pueden suponer un alivio, aunque en este apartado debe exigirse una cuantificación del coste recaudatorio esperado.
La reforma de la Ley Hipotecaria ayudará a reducir algunos gastos de los contratos, pero las familias sólo notarán cambios verdaderamente significativos en sus cuotas si las últimas caídas del euríbor vienen acompañadas por recortes de tipos de interés del BCE. Entre tanto, el próximo Gobierno deberá incidir en uno de los principales debes de la economía: el diferencial de inflación frente a la zona euro. Frente a ese impuesto silencioso que supone el IPC, la mejor arma es el mercado eficiente. El prioritario, por ser el que peor funciona, es el de los servicios, escasamente expuesto a la competencia internacional. La transposición de la directiva europea será una oportunidad única para acabar con rigideces propias de otra época.