ICO e inmobiliarias, un debate fantasma

En los últimos días se discute sobre una medida que, al menos oficialmente, no existe y tampoco se ha planteado: la financiación por parte del ICO, organismo dependiente del Ministerio de Economía, de las inmobiliarias españolas. Al respecto se han escrito ya tribunas de opinión (como la del profesor Barea, en este diario, el pasado sábado) y el tema ha pasado a formar parte del debate electoral. Es decir, se ha dado por hecho el planteamiento, al menos, de una medida que, sin embargo, nadie ha apadrinado. Esa es la conclusión extraída de las declaraciones oficiales de las partes implicadas en este tema solicitadas ayer por este periódico:

'Nadie ha planteado nada', respondió un portavoz del ICO. 'Es una información que ha aparecido, pero no sé de dónde ni cómo; ni se ha planteado ni se va a hacer', añadió.

¿Significa esto que el ICO no puede prestar dinero a compañías inmobiliarias? No; el ICO no deja de ser una entidad de crédito, pero para acceder a sus préstamos hay que cumplir una serie de requisitos. Si una inmobiliaria cumple esos requerimientos, posiblemente pueda disponer de los préstamos.

'El ICO puede dar créditos a inmobiliarias como las puede dar a otras compañías si cumplen los requisitos', comentó al respecto una fuente de la Oficina Económica del Presidente. 'Pero dar créditos blandos a las inmobiliarias como se ha dicho no es posible... no creo ni que Bruselas lo permitiera', apuntó.

'Hemos desmentido las informaciones sobre que el G14 haya solicitado esas ayudas al ICO, pero no se ha reflejado el desmentido', dijo en una conversación mantenida con este diario un portavoz del grupo que reúne a las mayores inmobiliarias españolas.

'Se ha dicho que hemos pedido esas ayudas sin ni siquiera llamarnos para contrastar la información', añadieron. 'Pedir ayudas públicas iría contra nuestros intereses; decir que el sector está solicitando esas ayudas no tiene fundamento alguno', reiteran. Recientemente el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se mostró 'en radical desacuerdo' con la posibilidad de que el Estado respalde a las empresas del sector inmobiliario. Solbes se refirió a este tema durante una conferencia sobre la situación actual de la economía española en Vitoria, en la que dijo también: '¿Debemos, como algunos piensan, actuar como en los viejos tiempos, con un respaldo del Estado a aquellas empresas que han apostado, yo diría que alguna de una forma más atrevida que otra, por ganar mucho dinero, cuando las cosas van mal? Desde luego, no es mi filosofía'.

Por si quedaban dudas remachó que le resultaba 'muy difícil de aceptar' cualquier propuesta 'que implique que el Estado deba sustituir al empresario cuando las cosas le van mal'.

A pesar de que Economía, el ICO, el G14 y el señor Solbes se desgañitan negando la existencia de un acuerdo para financiar al sector inmobiliario español, los hay que todavía lo dan por hecho.

'El dinero del ICO es sagrado', afirmó la pasada semana Manuel Pizarro, candidato del PP. 'Los créditos, los avales y el dinero del ICO no pueden ir a pagar favores políticos', insistió. El ex presidente de Endesa no mencionó expresamente al sector inmobiliario, pero se supone que efectivamente ese sector era el destinatario.

Este diario trató ayer de recabar la opinión de Pizarro al respecto, pero no fue posible. En su lugar fue requerida la explicación de alguno de sus colaboradores, pero tampoco pudieron ofrecer su opinión.

El ex presidente de Endesa mantiene con el ICO una polémica relación desde que el organismo participara en un crédito concedido a Acciona empleado por esta en la adquisición de la compañía energética.

Pero Pizarro no debe olvidar que también Endesa se benefició de la participación del organismo en otros créditos concedidos a Endesa cuando él mismo era su presidente.

En el año 2005 la compañía energética recibió el que hasta el momento era su mayor crédito solicitado, por valor de un total de 2.000 millones de euros y en el que participaba, junto a otras 37 entidades de crédito, el instituto dependiente del ministerio de Economía.