Una era industrial teñida de verde
A buen seguro que José Manuel Barroso no esperaba cuando asumió la presidencia de la Comisión Europea en 2004 que su mayor legado sería en el terreno medioambiental y energético. El portugués llegó a Bruselas como enviado de los grandes países de la UE para frenar las supuestas veleidades ecológicas y sociales del organismo comunitario. Su consigna era apostar por la competitividad de la industria europea, puesta en peligro presuntamente por las iniciativas de un oráculo bruselense que para algunos se estaba convirtiendo en un orate.
Pero la inestable deriva de los mercados energéticos y la creciente inquietud por el aumento de la contaminación han obligado a Barroso y su equipo a cubrir de voltios verdes la agenda comunitaria. Y esta semana afronta en ese terreno la que para un veterano diplomático es 'la iniciativa de mayor alcance de la Comisión en muchos años'.
Son cuatro proyectos legislativos y un proyecto de decisión que sólo pretenden garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados por la UE para 2020: reducir un 20% sus emisiones de CO2 y aumentar un 20% su producción de energías renovables. Pero no se trata de una iniciativa medioambiental sino de un intento de transformar la política industrial de los 27 países de la UE. Y su alcance rebasa incluso las fronteras comunitarias porque las reformas, si llegan a aprobarse, marcarán la posición europea en las decisivas negociaciones con EE UU, China o India para la segunda fase del Protocolo de Kioto.
Por un lado, la iniciativa impulsa las energías renovables, una industria que ha demostrado su enorme potencial. En Alemania, según su ministerio de Medio Ambiente, el sector ocupa ya a 236.000 personas y en 2005 facturó 18.100 millones de euros.
Por otro, la exigencia de reducción de emisiones obligará a las industrias más tradicionales a mejorar su eficiencia energética. Los alarmistas auguran una fuga inmediata de las empresas. Los optimistas, en cambio, apuestan por que la mejora del rendimiento energético es una tendencia inevitable y las compañías pioneras se impondrán en el mercado. Apuntan como ejemplo el éxito de los fabricantes escandinavos, líderes en producción de bajo consumo en sectores como los electrodomésticos.
Sean halagüeñas o no las perspectivas, el plan entraña riesgos. Bruselas asegura que el miércoles aprobará sin más dilación los proyectos legislativos. Pero ese paso no garantiza el éxito porque el futuro regateo entre los Gobiernos puede mermar la ambición del plan o, incluso, hacerlo descarrilar. Y si las turbulencia financieras actuales devienen en crisis de la economía mundial, la intención de la UE de mejorar su independencia energética puede irse al garete.
Tampoco contribuyen al optimismo las dudas sobre la solvencia de alguna de las propuestas, en especial, la que pretende que el 10% de los carburantes tenga origen biocombustible. Un estudio del centro de investigación de la propia Comisión calcula que esa apuesta puede costar a los contribuyentes entre 3.000 y 65.000 millones de euros hasta 2020 sin reducir claramente las emisiones.
La promoción de renovables tampoco parece mejor fundada. La CE plantea un reparto de los objetivos que penaliza a los países más avanzados en la materia (como Austria o Suecia) o a los que como Francia han apostado por una fuente teóricamente libre de emisiones como es la nuclear. Aunque España sale bien parada (deberá alcanzar el 20% de renovables en 2020, objetivo ya marcado por el Gobierno), también puede verse tocada por la intención de Bruselas de introducir un mercado de renovables y reformar el sistema de ayudas de Estado en el sector. Al final, si no se corrigen estas incoherencias, Barroso puede acabar dañando la competitividad europea por meterse a brujo medioambiental.