Cada comunidad regulará el copago de los usuarios de la Ley de Dependencia
La Ley de Dependencia tiene pendiente de desarrollo una de sus partes más importantes: la determinación del copago, que fijará la parte de los servicios que pagarán los usuarios de su bolsillo. La falta de acuerdo para fijar un sistema común de copago hará que cada comunidad autónoma reglamente como crea necesario.
La ley de Dependencia permite que sean las comunidades autónomas las que reglamenten el copago del sistema, o lo que es lo mismo, qué parte de los servicios deberá pagar el usuario con su dinero, en función de su renta y su patrimonio.
Es más, en el resto de las materias que el Gobierno ya ha reglamentado (el baremo, la financiación de las administraciones, la Seguridad Social de los cuidadores familiares y el catálogo de servicios y prestaciones) la propia ley especifica que sea el Ejecutivo el que lo haga, pero no es así a la hora de determinar el copago.
En el trámite parlamentario de la norma, los nacionalistas consiguieron eliminar del texto inicial el hecho de que fuera también el Gobierno el que redactara el reglamento en esta materia. Esto, unido a que los servicios sociales son competencia exclusiva de las comunidades y a la falta de acuerdo en las reuniones mantenidas hasta ahora, les ha dejado vía libre para reclamar que sean cada una de ellas las que hagan su propio reglamento.
No obstante, la ley también dice que el copago 'se reglamentará' con los 'criterios comunes' que determine el Consejo Territorial de la Dependencia en el que están representados el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos, a través de la Femp.
Según explicó ayer Pablo Cobo, subdirector general de Planificación del Imserso del Ministerio de Trabajo, 'caben fórmulas de horquillas, que fije el Consejo Territorial, para que las desviaciones de lo que reglamenten las comunidades no sean significativas'.
Además, en unas jornadas sobre la Ley de Dependencia organizadas por la Fundación Edad & Vida, Cobo reconoció que 'el derecho (a las ayudas por dependencia) se amplía o se aminora en función de la financiación', y esta podrá ser distinta en función de diferentes tipos de copago, 'pero debemos ser conscientes de que eso se pueda producir, porque hay que conjugar la ley con el modelo constitucional y no estamos en un Estado centralista'.
Acuerdo de mínimos
Fuentes del Ministerio de Trabajo admitieron ayer que lo más probable es que finalmente salga un acuerdo de criterios 'mínimos' en el Consejo Territorial -donde son mayoría las comunidades socialistas- y luego cada uno de los gobiernos regionales determinará los detalles del copago en diferentes reglamentos.
De hecho, la mayoría de las regiones ya han legislado provisionalmente para poder aplicar la ley y otorgar las prestaciones a los grandes dependientes. Por ejemplo, gran parte de estas comunidades han establecido que cuando el ciudadano reciba servicios y viva en su domicilio y tenga ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que está fijado este año en 499,20 euros mensuales, no pague nada.
Pero este es sólo un ejemplo, porque, según ha denunciado recientemente el sindicato CC OO de las seis comunidades (Asturias, Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura), que han regulado recientemente el copago, llama la atención que ninguna de ellas tenga exactamente la misma normativa y, de hecho, haya utilizado criterios diferentes para resolver cada materia.
El sistema costará más de lo previsto
El Gobierno prevé que cuando el Sistema Nacional de Dependencia esté plenamente implantado en 2015, su coste anual será de unos 9.300 millones de euros, lo que representa el 1% del Producto Interior Bruto (PIB). Si bien, los expertos reunidos ayer en una jornada sobre la ley de Dependencia coincidieron en que este coste será incluso mayor. 'Todos sabemos que será algo más de un punto del PIB', dijo un responsable del Ministerio de Trabajo que participó en la jornada. Si bien, añadió que si se mantiene el ritmo actual de crecimiento del PIB por encima del 3% anual, 'no hay que preocuparse en absoluto por la sostenibilidad futura del sistema'.De la misma opinión fue la directora general de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Purificación Causapié, que aseguró que 'hay dinero' para pagar todo. Sin embargo, para otros, como el geriatra, Juan Manual Martínez, director nacional de Eulen Sociosanitarios, 'no hay más remedio que aumentar los impuestos, si no, no se podrá financiar la ley'.