El Congreso aprueba hoy las nuevas ayudas a los afectados del 'caso Afinsa'
Los 460.000 afectados por la presunta estafa de Fórum y Afinsa contarán a partir de hoy con un nuevo marco legal de protección, extensible a los consumidores que contraten bienes con ofertas de restitución relacionados con sellos, obras de arte, antigüedades, joyas y bosques naturales.
El Congreso aprobará hoy el proyecto de ley de Protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio, que ofrece a los afectados por la presunta estafa de Fórum y Afinsa un instrumento adecuado para recuperar parte de los bienes perdidos.
La entrada en vigor de la ley supondrá, gracias a una enmienda pactada por el PSOE con CiU y PNV, que la línea de préstamos abierta por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el pasado verano se duplique, ya que la ayuda de 3.000 euros por persona se ampliará a los 6.000. Se trata de un préstamo sin interés por el 17,5% de lo adeudado, como máximo, por las compañías afectadas a los clientes. Para aquellos colectivos en situación de especial dificultad económica, estos límites podrán ampliarse hasta el 40% de la cantidad adeudada, con un límite de hasta 15.000 euros. Esta situación de especial necesidad se valorará a partir de la situación de posible desempleo, jubilación, discapacidad o ingresos por debajo de los 22.000 euros. La diputada socialista Carmen Montón, ponente de la ley, concede especial relevancia a la enmienda que se aprobará hoy en el Congreso por la que el Estado podrá admitir en adjudicación el pago de las cantidades que pudieran corresponderle como créditos concursales, bienes muebles cuya liquidación pudiera resultar compleja o dilatada en el tiempo.
El proyecto de ley excluye el fondo público que proponía crear el PP para resarcir de la totalidad de las pérdidas a los 460.000 afectados por la presunta estafa. En opinión del diputado del PP Rafael Merino, 'la ley no resuelve nada y deja desamparados a los clientes' de Fórum.
El proyecto que hoy aprobará la Cámara Baja con el voto en contra del PP establece una cierta retroactividad para algunos contratos sobre bienes tangibles en vigor. En concreto, los contratos de duración superior a 10 años que a la entrada en vigor de la ley tengan un plazo de vigencia superior a cinco años, podrán renegociarse entre las partes. 'La idea es que nadie pueda quedar en precario', explica Carmen Montón.
Otra de las novedades que incorpora la ley es la obligación de elevar este tipo de contratos a escritura pública. Los gastos de otorgamiento de la escritura correrán por cuenta de la empresa y los de la primera copia por cuenta del consumidor. En el texto que salió del Congreso se dejaban estos extremos en el aire.
Los consumidores dispondrán de 15 días para pensar si firman o no este tipo de contratos, a partir de la oferta vinculante que les traslade la empresa.