Julio Segura propone fijar la indemnización y las causas de despido en los convenios
El actual presidente de la CNMV y ex consejero del Banco de España, Julio Segura, ha propuesto, esta vez en calidad de catedrático de Teoría Económica de la Universidad Complutense de Madrid, una batería de reformas para mejorar la productividad en España.
Según recomienda en un artículo de 2005 publicado en el libro La productividad en la economía española, coordinado por él para la Fundación Ramón Areces, en el mercado laboral deberían abordarse cambios legales para reducir su elevada temporalidad; mejorar los escasos incentivos a la búsqueda de empleo (mezcla de un 'elevado coste del despido y una apreciable protección a los desempleados'); y modificar la negociación colectiva, 'especialmente perjudicial para las pymes'.
Para proponer estos cambios, Segura parte de la idea de que la elevada tasa de empleo temporal es atribuible a que es más barato que el fijo, fundamentalmente por el mayor coste del despido de los indefinidos. Por ello, cree que la solución sería que tanto la calificación del despido (procedente o improcedente) como la indemnización tuvieran dos niveles. El primero, con rango de ley, fijara 'un mínimo modesto de días trabajados por año y que definiera como improcedente sólo el despido discriminatorio'. Sería un juez el que dictaminaría si es discriminatorio o no. En el segundo nivel, los convenios fijarían indemnizaciones mayores y las causas de los despidos más allá del discriminatorio.
En cuanto a la protección por despido, Segura apuesta porque sea 'incluso más generosa pero durante un plazo más breve', para favorecer la búsqueda activa de empleo.
También propone que la negociación colectiva tenga sólo dos ámbitos: convenios nacionales sectoriales y de empresas. La ley determinará el contenido de ambos niveles y los temas no podrán repetirse.
Pensiones privadas obligatorias
La mejora de la productividad de la economía española también pasa, según Julio Segura y el resto de los autores del libro, por adoptar medidas de contención del gasto público, con el objetivos de garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones y de salud.En concreto, proponen, que se destine una parte de la contribución mensual del trabajador a fondos de pensiones privados de forma obligatoria, al igual que se ha hecho en Alemania. En segundo lugar, reclaman que la cuantía de la pensión se calcule en función de toda la vida laboral, contabilizando todas las contribuciones hechas por el trabajador, en lugar de los quince últimos años actuales. Y proponen aumentar las penalizaciones de las jubilaciones anticipadas.