Fiscalidad

La reforma del IRPF de Rajoy costaría 25.000 millones, según Hacienda

El Gobierno cifra en 25.000 millones (cinco veces la reforma tributaria actual) el coste para el erario público de elevar de 9.000 a 16.000 euros el mínimo exento en el IRPF, para dar cabida, con la estructura actual del impuesto, a las propuestas fiscales del PP.

Inasumible. Así de contundentes se mostraron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda, con la propuesta del PP de rebaja fiscal. 'Si lo que pretende el PP es elevar el mínimo exento del impuesto para todo el mundo hasta los 16.000 euros, el coste para el erario público alcanzaría los 25.000 millones, es decir, 1,5 veces el superávit actual; si lo que pretende es una reducción parcial para un único colectivo, los que ganan menos de 16.000 euros, el coste superaría también los 5.000 millones y habría que cambiar la estructura del impuesto, que no permite este tipo de rebajas selectivas en el mínimo exento. En ese caso, el PP debería detallar qué otro colectivo de contribuyentes saldría perdiendo (pagaría más) para aplicar esta medida sin coste fiscal global', indicaron las mismas fuentes, recalcando que son posibles rebajas tributarias en el futuro, pero sin que éstas pongan en peligro la estabilidad presupuestaria.

A su vez, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, consideró ayer en una conferencia en la sede de La Caixa que, aún en el caso de que el PP se decidiese por una rebaja parcial sólo para las rentas inferiores a los 16.000 euros, se trataría de una solución 'injusta' porque el resto de contribuyentes abonarían el impuesto por todas sus rentas. Para Solbes 'el coste en este caso, de 5.000 millones' sería también 'elevado'. Del mismo modo se pronunció el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. 'Si la propuesta del PP prosperase, el Estado se quedaría sin recursos para seguir subiendo las pensiones o para financiar la Ley de Dependencia, es necesario evitar las exageraciones electorales', dijo.

Mientras, el coordinador del programa del PP, Juan Costa, y el secretario de Economía del Partido, Miguel Arias Cañete, eludieron precisar más detalles de la reforma anunciada el domingo por Mariano Rajoy. Su partido lo hará en enero, pero sí avanzaron que la eliminación del IRPF para los trabajadores que ganen hasta 16.000 euros es una medida previa a la reforma del impuesto que acometería el PP desde el Gobierno a mitad de la próxima legislatura (2009) en caso de ganar las elecciones. Cañete mantiene que no supondría una pérdida de recaudación, y que la experiencia de otras reformas demuestra que las rebajas impositivas 'se recuperan a través de un alza de la actividad en, al menos un 30%'.

La opinión de los expertos

A favor: mejora de la equidad y repercusión sobre el consumo. Una de las defensas más encendidas de la propuesta fiscal de Rajoy proviene del Instituto de Estudios Económicos. Su director general, Juan Iranzo, la basa en dos argumentos: 'Por una parte, mejora la equidad fiscal, porque beneficia a las rentas más bajas y a las mujeres, un colectivo desfavorecido en el mercado laboral. Además, aumenta la eficiencia del IRPF al simplificar el impuesto, reduciendo un tramo con poca recaudación'. Iranzo va más allá, al considerar que el impacto recaudatorio 'se vería compensado por la mejora del IVA, ya que la propensión al consumo de las rentas bajas es muy elevada'.

En contra: impacto recaudatorio y riesgo sobre la inflación. Javier Segura, jefe del Servicio de Estudios de Caixa Catalunya, cree que supondría una relajación excesiva de la política fiscal, el principal arma estabilizadora que, como recuerda, queda en manos del Gobierno. 'No soy partidario de hacerla más expansiva, porque contribuirá a los desequilibrios de la economía, que vienen causados sobre todo por los excesos del consumo'. Segura cree que, al incentivar éste, el recorte fiscal acentuaría la inflación, situada en el 3,6%. Alfonso Amor, analista de AFI, añade que el recorte 'es electoralista, y tendría un impacto recaudatorio importante especialmente inoportuno en tiempos de desaceleración'.

Neutrales: la propuesta es difícil de evaluar al carecer de precisión. La mayoría de los servicios de estudios contactados por este periódico eluden, de momento, realizar valoraciones sobre la propuesta del Partido Popular. El argumento principal es la ausencia de precisión respecto a las medidas concretas a tomar. La legislación tributaria se concreta en un complejo entramado de tipos generales y marginales, deducciones, reducciones o mínimos exentos, entre otros. Poco se ha explicado desde las filas populares sobre estos aspectos, y Alfonso Amor llega a dudar de que el programa electoral del Partido Popular desarrolle estos extremos y detalle el impacto recaudatorio.

La propuesta fiscal popular se remonta al año 2004

El PP defendió un mes antes de las últimas elecciones generales una reforma con estas características:

El tipo máximo del IRPF quedaría fijado en el 40% y el mínimo, en el 12%. La reforma implicaba la reducción de los tipos en todos los tramos del impuesto.

Para beneficiar a las familias, el PP propuso elevar el mínimo exento del primer hijo a 2.800 euros, el del segundo hijo a 3.000 euros y, en las familias numerosas, (de 3 hijos o más) a 3.400 euros, que se aplicaría a todos y cada uno de los hijos.

Rajoy propuso también la elevación de la reducción por cuidado de niños menores de tres años, que quedaría fijada en 2.400 euros y que se aplicaría a todas las familias, con independencia de si la madre tuviera o no un trabajo remunerado.

Para apoyar el ahorro, el PP ofreció introducir un mínimo exento de 300 euros, por debajo de los cuales los rendimientos del ahorro quedarían libres de tributación, y la reducción al 12% del tipo aplicable a todas los incrementos de capital.

Negociación difícil, según Solbes

En las preguntas posteriores a la conferencia pronunciada en la sede de La Caixa, Solbes auguró que las negociaciones sobre financiación autonómica previstas en el Estatuto catalán, que se abordarán en la próxima legislatura 'serán complicadas' porque son asuntos que 'tienden a negociarse con una cierta unanimidad'.

'Mi sucesor tendrá que afrontar una negociación fiscal que no será fácil después de las elecciones', indicó el vicepresidente, sin aclarar si el sucesor será él mismo, tras la propuesta realizada por el presidente Rodríguez Zapatero para que siga en su cargo.

Respondiendo a otra pregunta de los asistentes, el ministro se refirió a la reducción de algunos impuestos por las comunidades autónomas, como el de Donaciones. Solbes remarcó la necesidad de que 'exista un mínimo garantizado para todo el territorio' en impuestos como el IRPF, Sociedades 'e incluso el IVA'. En caso contrario, explicó, 'lo que se consigue es una reducción de los ingresos por parte de todas las autonomías'.

Por otro lado, ninguna fuerza política salió ayer en defensa de la propuesta de reforma del IRPF esbozada por el PP. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, calificó la reforma de 'notoriamente insuficiente' y abogó por una propuesta que beneficie, sobre todo, a las rentas medias. Inmaculada Piñero, responsable de política económica del PSOE, indicó que se trata de 'una propuesta típica de una partido que sabe que no va a gobernar'.