Las aerolíneas deberán guardar 13 años los datos sensibles de cada pasajero
Las aerolíneas deberán conservar durante 13 años 19 datos de identificación por cada pasajero que llegue o deje la Unión Europea en un vuelo internacional. Bruselas aspira con esta propuesta, que se aprueba hoy, a mejorar la lucha antiterrorista en el sector aéreo.
Lo que comenzó como una incómoda exigencia de EE UU tras el 11 de septiembre puede convertirse próximamente en un imperativo legal para todas las líneas aéreas que operan vuelos internacionales en la Unión Europea. Bruselas tiene previsto aprobar hoy un proyecto de decisión marco que obligará a las compañías a comunicar a las autoridades de su Estado la batería de datos personales recogidos en el llamado Passenger Name Record (PNR), un listado que refleja no sólo los datos de identificación del pasajero sino también sus hábitos como viajero, la información disponible sobre su equipaje o el sistema de pago del billete.
En total, el proyecto de decisión señala 19 datos para todos los pasajeros y cinco más, para los menores de 18 años que viajen solos.
Las aerolíneas deberán poner a disposición de las autoridades inmediatamente después de cerrarse cada vuelo. Pero se les podrá exigir también 24 horas antes del vuelo si existe una amenaza terrorista concreta.
La propuesta, que deberá ser negociada con los 27 países de la UE, contempla la obligación de conservar esos datos durante un periodo de 13 años. Los cinco primeros, estarán a disposición de las autoridades siempre que lo soliciten. Los ocho años siguientes, sólo se podrá acceder a ellos 'en circunstancias excepcionales', es decir, cuando exista una 'amenaza concreta relacionada con la prevención o el combate de atentados terroristas y del crimen organizado'.
La iniciativa cuenta con la oposición del grupo de expertos de la UE sobre protección de datos, que la considera 'innecesaria'. Y la organización no gubernamental Statewatch, especializada en libertades civiles, describe la propuesta como 'otra medida más para poner a cada persona bajo vigilancia y convertirla en sospechosa sin que sepa exactamente cómo y quién utiliza sus datos y cómo se procesan'.
El departamento comunitario de Justicia, Libertad y Seguridad, que dirige el comisario Franco Frattini, subraya, sin embargo, que las autoridades ya pueden en esos momentos obtener los datos contenidos en el PNR de cada pasajero. 'Les basta', dicen, 'con mirar el billete y la tarjeta que deben rellenar los viajeros para entregar en control de pasaportes'.
El departamento de Frattini cree que la ventaja de la propuesta radica en que los datos llegarán a las autoridades por vía electrónica y mucho antes del aterrizaje del avión.
La CE también recuerda que en estos momentos las aerolíneas ya recogen y transmiten el llamado API (Advance Passenger Information), aunque reconoce que en ese caso se trata sólo de información 'biográfica' y, por lo tanto, sólo permite identificar a terroristas o delincuentes ya conocidos.
Los datos del PNR, en cambio, 'son un instrumento muy importante para llevar a cabo evaluaciones de riesgo de los pasajeros (...) y establecer vínculos entre personajes conocidos y otros desconocidos'.
Las compañías piden que el Estado pague los gastos
La compañías aéreas reciben desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE UU numerosas peticiones de las autoridades para acceder a los datos de sus pasajeros. La Asociación europea de aerolíneas mostró el año pasado su inquietud ante la creciente carga financiera que supone atender esas demandas, así como su posible impacto en la calidad del servicio a sus clientes. En unos principios pactados en julio de 2006, la AEA recordaba que la 'seguridad interior es una obligación genuinamente gubernamental' y que no se puede exigir de manera sistemáticas a las aerolíneas que recaben información de sus clientes en nombre de las autoridades.La patronal de la aviación comercial reclamaba, además, que los costes asociados a la gestión de esos datos deben ser cubiertos por las autoridades que los solicitan. Y mostraba su 'preferencia por un sistema centralizado de almacenaje y filtro financiado por los gobiernos'. Bruselas, en la propuesta que aprobará hoy, renuncia a centralizarlo nivel comunitario.