Economía estudia una oferta de consenso para el salario mínimo
Los Ministerios de Trabajo y Economía mantienen sus diferencia ante la subida del salario mínimo a 816 euros en la próxima legislatura. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, dijo ayer que antes de autorizar esta subida 'hay que hacer números'. Si bien reconoció que el Gobierno busca una oferta de consenso para el programa electoral socialista.
Es posible que el programa electoral del PSOE incluya una propuesta formal y numérica de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para la próxima legislatura', admitió ayer David Vegara en el Foro Cinco Días.
Según explicó el número dos del Ministerio de Economía hay un proceso de consultas con los interlocutores sociales, 'que tiene que ver con que hay elecciones', e insistió en que 'aún hay tiempo para alcanzar un acuerdo razonable', en esta materia.
En los últimos días, a través de distintas declaraciones, se han puesto en evidencia las discrepancias entre el Ministerio de Trabajo, que ve factible la propuesta sindical de elevar este salario de los 600 euros de 2008 a 800 euros en 2012, y el Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, quien puso en duda esta subida del SMI.
Ayer, Vegara se sumó a las dudas de Solbes al indicar que su departamento tendrá que 'hacer números' antes de proponer una subida del salario mínimo a 816 euros en la próxima legislatura, tal y como han propuesto los sindicatos y han avalado los responsables del Ministerio de Trabajo.
No obstante, y teniendo en cuenta que es el propio Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el coordinador del programa electoral socialista, cobra fuerza la tesis de un incremento al menos muy cercano a los 800 euros de esta renta mínima, a pesar del fuerte rechazo patronal.
Dicho todo esto, Vegara se mostró convencido en que el próximo año, la negociación retributiva en los convenios entre empresarios y sindicatos 'seguirá la senda de moderación salarial de los últimos años'. Esto permitirá, según su opinión, mantener un fuerte ritmo de creación de empleo con una menor demanda interna, en el próximo ejercicio.
En este sentido, el secretario de Estado de Economía reconoció en varias ocasiones que la desaceleración del sector de la construcción es un hecho, que se prolongará el próximo año, aunque descartó que el Gobierno tenga previsto planes especiales de recolocación de los trabajadores de este sector que previsiblemente perderán su empleo en los próximos meses, por los ajustes de su actividad.
Vegara, preguntado por la necesidad de acometer nuevas reformas laborales en la próxima legislatura que flexibilicen la entrada y salida del mercado de trabajo, señaló: 'habrá que seguir avanzando en ese sentido pero siempre con la búsqueda de consenso', con patronal y sindicatos.
De hecho, admitió que la reforma aprobada en 2005, 'no ha solucionado todos los problemas del mercado de trabajo', pero, dicho esto, hizo hincapié en el valor que supuso que fuera la primera reforma laboral aprobada de forma tripartita, entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos en muchos años.
Igualmente, se mostró partidario de seguir reformando el sistema de pensiones, también con el acuerdo de los interlocutores sociales, sin el cual, en su opinión, no tendrían efecto cualquiera de estas reformas.
El secretario de Estado también se refirió al coste que le supondrá al Gobierno compensar en la nómina de las pensiones el desvío de la inflación este año. La ley obliga a que el Estado abone a cada pensionista la diferencia entre la inflación prevista (2%) y la que se registra en el mes de noviembre de cada año.
Según los cálculos de Trabajo, citados ayer por Vegara, cada décima que se desvíe la inflación al alza cuesta 70 millones de euros para compensar dicha desviación a los pensionistas. A esto hay que sumar otros 70 millones que supone consolidar para siempre esta compensación en la nómina de las pensiones.
El pasado año, la inflación de noviembre fue de 2,6%, con lo que los pensionistas recibieron seis décimas de compensación. Este año todo apunta a que el coste será mayor ya que el último dato del IPC de septiembre fue del 2,7% y el Gobierno espera que el efecto base de la energía se traduzca en incrementos mayores de precios de aquí a final de año, por lo que si la inflación de noviembre está en el entorno del 3% el coste de esta desviación rondaría los 1.400 millones de euros.
