Ecuador da un plazo de 15 días a las petroleras para que paguen sus deudas con el Estado
El presidente de la empresa estatal Petroecuador, Carlos Pareja, ha dado como plazo hasta el 31 de octubre a las compañías petroleras privadas que operan en Ecuador, entre ellas Repsol, para que abonen los 317 millones de dólares que deben al Estado por el reparto de beneficios extraordinarios desde abril de 2006. En ese mes entró en vigor la reforma legal que obligaba a las empresas petroleras privadas establecidas en Ecuador a entregar al Estado el 50% de los beneficios extraordinarios obtenidos del aumento del precio del crudo respecto al valor previsto en los contratos originales.
Según una nota de prensa difundida por la Presidencia ecuatoriana, Pareja dijo que las petroleras han cancelado desde abril de 2006 hasta septiembre de este año 494 de los más de 811 millones de dólares que debían haber pagado, por lo que tienen pendientes 317 millones que deben abonar al Ministerio de Economía.
El presidente de Petroecuador citó entre las empresas privadas que mantienen deudas con el Estado ecuatoriano a Andes Petroleum, Canadá Grande, City Oriente, CNPC Amazon, Ecuador TLC, Perenco Ecuador, Petroriental, Repsol YPF y Occidental.
Pareja recordó a las operadoras que tiene la facultad de iniciar acciones legales contra ellas si no cumplen las disposiciones legales establecidas por el país.
El anuncio conoció después de que, el pasado 4 de octubre, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, decretara que el porcentaje de los beneficios extraordinarios para el Estado ascendiera al 99 por ciento y solo un uno por ciento quedara para las operadoras privadas.
El Gobierno también ha abierto conversaciones con las empresas privadas que tienen contratos de participación para la explotación de crudo en la Amazonía de Ecuador para renegociarlos y convertirlos en contratos de servicios.
Ecuador es el quinto productor de crudo de Suramérica, con unos 500.000 barriles diarios, lo que convierte a este rubro en el más importante de su economía y en la fuente de financiación de alrededor del 35 por ciento del presupuesto del Estado.