El Ejecutivo prevé alcanzar el año que viene la convergencia con la UE en renta per cápita
España alcanzó en 2006 el 98,4% de la renta per cápita de la UE a 25, según el Informe Anual del Programa Nacional de Reformas que estudió ayer el Consejo de Ministros y que será remitido a la Comisión Europea. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que 'es muy probable' que se alcance la plena convergencia con la UE-25 en 2008, 'es decir dos años antes de lo inicialmente previsto'.
El informe evidencia que en dos años se han aprobado 223 medidas, el 72% de las previstas en el plan, que han permitido situar la tasa de empleo para la población de entre 15 y 64 años en el 65,8% en el primer semestre de 2007, por lo que prácticamente se alcanza tres años antes de lo previsto el objetivo del 66% fijado para 2010.
Entre las reformas acometidas, el informe incluye las de las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos, que transponen las directivas comunitarias de mercado interior, las medidas para reforzar la competencia en el mercado liberalizado y las dirigidas a reforzar la seguridad del suministro.
Asimismo, destaca la reforma laboral, que ha permitido, en su primer año completo de vigencia, un aumento significativo del empleo indefinido y una reducción de 2,5 puntos en la tasa de temporalidad.
Según apuntó De la Vega, el informe también pone de manifiesto los avances en la liberalización de los sectores de telecomunicaciones, financiero, postal, transporte y de servicios profesionales, así como la favorable evolución en la ejecución de los planes de vivienda dirigidos a aumentar el número de pisos protegidos y en alquiler.
En opinión del Gobierno, estos resultados demuestran los 'avances significativos' realizados en el camino a cumplir los objetivos marcados en el marco de la Estrategia de Lisboa, y señaló que revelan que España 'crece y crece mejor'.
Por otro último, la vicepresidenta primera del Gobierno destacó ayer la colaboración de once Ministerios en la elaboración del citado informe, en el que también han intervenido los agentes sociales, las diferentes comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.