El bloqueo del Constitucional retrasa las sentencias sobre cuatro estatutos
Los estatutos de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Aragón, amén de una docena de importantes leyes aprobadas en esta legislatura, están a expensas de que el Tribunal Constitucional supere su situación de bloqueo y dicte sentencia. El calendario del Tribunal se proyecta de lleno sobre la campaña electoral.
El bloqueo del máximo intérprete de la Constitución obedece a la pugna interna que libran los magistrados alineados con las tesis del PP y los más cercanos a la izquierda, en una situación de práctico empate. La Ley Orgánica que entró en vigor el pasado 26 de mayo permitió la prórroga del mandato de la actual presidenta, María Emilia Casas, vencido el pasado junio, pero el PP la recurrió y su recurso está pendiente de resolver sin que puedan intervenir en la decisión ni la interesada ni el vicepresidente del organismo, Guillermo Jiménez.
Para que el equilibrio de fuerzas no se decante en favor del sector conservador, el Gobierno se está planteando la recursación de los dos magistrados encuadrados en el mismo que en su día se mostraron públicamente contrarios a la continuidad de la presidenta.
Procedimientos aparte, lo que en realidad está en juego es la fijación del calendario de trabajo del propio Tribunal antes de que finalice la legislatura, pues del mismo depende que emita o no sentencias que pueden caer como una bomba en plena campaña electoral. La más importante y la que más trascendencia podría tener para el Gobierno es la del Estatuto de Cataluña, recurrido por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas. Pero también están en lista de espera los recursos contra el Estatuto valenciano, presentado por Castilla-La Mancha, el andaluz, impulsado por Extremadura, y el de Aragón, promovido desde el gobierno riojano.
Esperan también sentencia la Ley del Suelo, la de Igualdad y la de Dependencia
El hecho de que el PP haya recurrido la prórroga del mandato de la presidenta del Tribunal es una de las razones por las cuales se están retrasando estas sentencias, ya que podrían quedar invalidadas en el supuesto de que el recurso contra Emilia Casas finalmente prosperara en su contra. En el Gobierno y en el PSOE se ve difícil, en todo caso, que la sentencia del Estatuto catalán, la más temida por su impacto política, salga antes de las elecciones de marzo, entre otros motivos porque por orden de registro primero tendría que resolverse la sentencia sobre el Estatuto valenciano. En todo caso, aseguran fuentes gubernamentales, el desbloqueo del Tribunal no podrá resolverse antes de diciembre, mes en el que el Senado debería renovar a cuatro de sus magistrados, y a partir de esa fecha, con el Parlamento disuelto, sería cuestionable desde el punto de vista ético la emisión de sentencias de tanto calado en plena campaña electoral.
En el futuro de estos estatutos el actual Gobierno se juega buena parte de su crédito, como también en otras sentencias que hay pendientes para una docena larga de leyes aprobadas en esta legislatura.
Las más importantes son la ley del Suelo, recurrida por el PP y las comunidades de Madrid, Canarias y La Rioja; la ley de Dependencia, recurrida en su capítulo de financiación por la comunidad de Navarra; la ley de Igualdad, con un recurso pendiente de decidir presentado por el PP, además de las leyes contra la violencia de género, la que autoriza los matrimonios entre personas del mismo sexo y la que reforma la elección de los magistrados del Tribunal Supremo.
El interés del PP por acelerar algunas de estas sentencias es obvio, como también lo es el del Gobierno por retrasarlas hasta después de las elecciones de marzo.
Intereses enfrentados para el PP en Cataluña
No todos los dirigentes del PP están seguros de que al partido le convenga que el Constitucional dicte una sentencia contraria al Estatuto catalán antes de las elecciones de marzo. Hay quien opina que sería un regalo inesperado para Mariano Rajoy por el descrédito que ello supondría para la política territorial del Gobierno. Pero dentro del primer partido de la oposición hay quien considera también que si Rajoy tiene alguna posibilidad de gobernar tras las elecciones de marzo sería con la ayuda de Convergència i Unió, paso que se vería dificultado si la campaña del PP contra el Estatuto, al calor de una sentencia del Constitucional, fuera muy acentuada.