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Fiscalidad

Impuestos en vías de extinción

Tras las rebajas en sucesiones y donaciones, llega la hora de decir adiós a tributos como los que gravan el patrimonio y suavizar los actos jurídicos documentados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó ayer su 'firme compromiso' de suprimir el impuesto sobre el patrimonio en esta legislatura. 'Hoy hago el anuncio y luego hay que cuadrar las cuentas', admitió Aguirre. Una semana antes, el PSOE madrileño anunció su intención de promover una iniciativa similar. En otros territorios, la batalla por las rebajas fiscales ha salpicado al impuesto que grava los actos jurídicos documentados, como en Castilla y León, que librará de este tributo a los menores de 36 años y en Castilla La Mancha pronto habrá novedades. Además, aún queda mucho por bonificar en el impuesto que grava las herencias y las donaciones allí donde aún no se ha hecho.

En vías de extinguir o, al menos, rebajar sustancialmente el impuesto sobre sucesiones y donaciones está, por ejemplo, Cataluña, donde el consejero de economía Antonio Castells anunció el pasado jueves que la reducción de este impuesto llegará antes de ultimar su reforma integral ya en marcha. Y también Galicia, donde se está trabajando para que la transmisión por herencia del negocio familiar esté libre de gravamen no sólo entre las pymes sino entre las grandes empresas.

Es época de suprimir impuestos o, al menos, de reducirlos a su mínima expresión porque la eliminación total de tributos como el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones es algo que sólo puede hacer el Estado. Precisamente, desde muchos sectores relacionados con la tributación, ya sean asesores fiscales o notarios, se pide que, si hay consenso para eliminar impuestos, se haga desde el Estado central para evitar su utilización como arma política que distorsione la geografía tributaria.

Por otro lado, en este zoo fiscal, los impuestos que, de momento, parecen llamados a desaparecer tampoco dan demasiadas alegrías recaudatorias, con lo que su supresión logra lo más parecido a la cuadratura del círculo. Alivian la carga fiscal de los contribuyentes, no merman sobremanera los ingresos y ayudan a ganar votos.

El impuesto sobre el patrimonio proporcionó en toda España unos ingresos de 1.202 millones de euros, esto es, de manera agregada sólo el 1,23% de la financiación de las comunidades. Cuenta en toda España con poco más de 900.000 contribuyentes que, de media, pagan un gravamen en torno al 0,42% sobre el valor total de sus bienes, lo que significa unos 1.330 euros de cuota media.

A la vista de estos datos, se le achaca a este tributo un escaso poder recaudatorio. No obstante, como así explica el propio impuesto en su exposición de motivos, su razón de ser no está tanto en generar ingresos a las arcas públicas (que también) como en proporcionar información sobre la composición del patrimonio de los contribuyentes. De hecho, se paga por el simple hecho de poseer todo tipo de bienes y derechos (viviendas excepto la habitual hasta un valor de 150.253,03 euros, acciones, fondos de inversión, cuentas corrientes...) valorados en más de 108.182 euros. Por debajo de esa cifra no se declara. Ahora bien, teniendo en cuenta al número de ciudadanos a los que afecta parece que tampoco este objetivo está muy logrado. Cuando se plantea su supresión de lo que realmente se habla es de fijar un mínimo exento superior a esos 108.182 euros. Por ejemplo, en Cantabria se ha fijado en 150.000 euros.

60.000 millonarios

Se dice también del patrimonio que es el impuesto de los ricos. Por ejemplo, ayer la portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, se mostró en contra de suprimir este impuesto que, según explicó 'afecta a los que más recursos tienen'. Pero en él declaran por valor de más de un millón de euros cerca de 60.000 personas, el 6,5% del total. En tanto que declaran patrimonios inferiores a los 250.000 euros el 49% de los contribuyentes de este impuesto. Por más de 10 millones de euros sólo declaran 727 contribuyentes.

Por su parte, el impuesto sobre sucesiones y donaciones recaudó 2.265 millones en 2005. En comunidades como La Rioja y Madrid, la introducción de grandes exenciones para transmisiones entre padres e hijos ha mermado, sólo en parte la recaudación. Por ejemplo en La Rioja de los 18,5 millones de euros recaudados en 2004 se pasó a 11,6 millones en 2005. En Madrid de 370 millones en 2006 (592 en 2005) están previstos uno 291 millones en 2007.

Con todo, el IRPF es el impuesto que proporciona un 20% de financiación a las comunidades. Sin embargo, aún teniendo capacidad para introducir deducciones en él, éstas son tan pequeñas que apenas alcanzan al 0,5% de la cuota íntegra autonómica. Además, ningún territorio, excepto Madrid, ha optado, aunque podría rebajar su tarifa.

Actos jurídicos más baratos

Excepto Canarias que tiene un tipo del 6,5%, todas las comunidades tienen el mismo gravamen del 7% en el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. En el de actos jurídicos documentados, los documentos notariales se gravan al 1% (al 0,75% en Canarias).Castilla y León ha roto la uniformidad y ya ha anunciado que los jóvenes de menores de 36 años quedarán, a partir del próximo 1 de enero, prácticamente libres de este gravamen cuando se vaya a pagar por la compra de primera vivienda.Castilla y León dejará de ingresar 9 millones de euros con esta rebaja. En conjunto, por este impuesto, las comunidades ingresaron en 2005 algo más de 15 millones de euros.

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