Andalucía prevé garantizar con VPO el derecho a la vivienda en 2012
La Junta de Andalucía prevé garantizar 'plenamente' el derecho a la vivienda en cinco años mediante el impulso a la VPO y sin aumentar sus presupuestos en este campo, que ascienden a 400 millones en 2007. Para poder ofrecer estas casas que no superan nunca un tercio de los ingresos familiares si el sueldo máximo es de 3.100 euros al mes, la Junta busca un pacto con los ayuntamientos que le permita doblar la vivienda protegida hasta las 30.000 anuales.
La futura ley andaluza de derecho a la vivienda que tanta polémica ha originado garantizará que los andaluces con más de cinco años de residencia en la comunidad podrán acceder a una promoción de VPO si cumplen los requisitos que exige la ley. Este tipo de vivienda, por definición, sólo puede costar un 30% de la renta y se limita a unos ingresos máximos de 3.100 euros al mes, según aclara la consejera andaluza de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez. A su juicio, la medida tendrá 'un coste asumible' que no sobrepasará los presupuestos anuales para vivienda.
Gutiérrez rechaza así las críticas y aclara que la clave está en lograr un compromiso por parte de los ayuntamientos para construir en suelo barato 300.000 viviendas VPO en diez años y suplir el déficit provocado, según la consejera, por las leyes liberalizadoras del PP.
En el último debate sobre el estado de la comunidad, el presidente Manuel Chaves avanzó que gracias al pacto por la vivienda que se empezará a negociar la próxima semana con ayuntamientos y agentes sociales se podrá acelerar el plan para que ya en 2012 sea 'plenamente efectivo' en Andalucía el derecho a la vivienda. Aunque la ley no verá la luz hasta la próxima legislatura, por lo que ha sido tachada de electoralista, la Junta espera firmar el pacto antes de final de año para comenzar las actuaciones en 2008.
¿Cómo puede garantizarse este derecho sin disparar los presupuestos? De entrada, la VPO es ahora una prioridad tanto para alcaldes y como para los promotores en crisis. Gutiérrez replica que la medida no es 'flor de un día', sino fruto de toda una legislatura de actuaciones. La ley andaluza de suelo ya exige a los municipios que destinen un mínimo del 30% del suelo urbanizable a viviendas de protección, aunque Obras Públicas espera que la disponibilidad de suelo a bajo precio para VPO sea todavía mayor una vez que los ayuntamientos diseñen sus planes municipales de vivienda con las necesidades específicas de su población. Para ello ofrece toda la ayuda necesaria. La consejera minimiza el impacto económico porque la prioridad son ahora las VPO dirigidas a los jóvenes de rentas medias de hasta 30.000 euros, una vez cubierta las necesidades de vivienda de las rentas más bajas, que exigían más ayudas.
Frente a las críticas de Pedro Solbes, la vicepresidenta Fernández de la Vega, salió ayer en defensa de la política andaluza de vivienda asegurando que es compatible el rigor económico con políticas de progreso social como la vivienda.
Pagar en función de la renta y del municipio
Además de la ley del suelo y el proyecto de ley de derecho a la vivienda, la Junta aprobó en marzo con el apoyo de los promotores una actualización de los precios de la VPO que pone los límites a la futura legislación. En este decreto se fijó la modulación de los precios y las ayudas públicas en función del tamaño del municipio y de tres niveles de renta, que oscilan entre los 7.000 y los 40.000 euros anuales (3.100 euros al mes). Ninguna familia pagará más de un tercio de sus ingresos, aunque la misma vivienda tendrá distintos precios según renta y tamaño de la población (ver cuadro). El precio máximo será de 157.248 euros.