Tabaco

Justicia desvela un aumento de litigios contra el Estado por los daños del tabaco

Sólo durante el pasado año la Abogacía General del Estado hizo frente a 125.000 pleitos de todo tipo, desde cuestiones contencioso-administrativas a recursos de inconstitucionalidad. Pero Justicia cree que el número crecerá, sobre todo porque prevé una avalancha de nuevos litigios ocasionados por los problemas sanitarios causados por el tabaco.

La Abogacía General del Estado intervino en los más de 125.000 pleitos que se iniciaron en 2006 y consiguió cerca de un 80% de resoluciones favorables en los más de 170.000 procedimientos judiciales finalizados en fase declarativa durante el pasado año.

Son algunos de los datos de la memoria de la Abogacía General del Estado que el Ministerio de Justicia presentó ayer por primera vez y en la que destaca el hecho de que la cuantía litigiosa comprometida por el Estado asciende a unos 12.000 millones de euros.

Pero puede tratarse de una cifra menor de cumplirse los temores de los servicios jurídicos del Estado. Así lo aseguró ayer el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, quien afirmó que 'existe una amenaza de litigiosidad no cuantificada' contra la Administración por parte de particulares que sufren las consecuencias de su adicción al tabaco y que pretenden reclamar una indemnización basada en los impuestos que se repercuten contra este producto.

Sin embargo, De Fuentes Bardají advirtió que este tipo de indemnizaciones no deben ser asumidas por la Administración, 'máxime cuando se está advirtiendo del riesgo' sanitario que ocasiona el consumo del tabaco.

El abogado general del Estado, quien participó junto al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo y el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, en la presentación de la Memoria de 2006 de la Abogacía General del Estado, reconoció que 'va a haber problemas, seguro', aunque recordó que en el sistema jurídico español no existe un modelo de responsabilidad como el de EE UU.

'Otra cosa es la asistencia sanitaria que se presta a los ciudadanos con independencia de su dolencia', pero no el pago de indemnizaciones por el perjuicio que sufren los consumidores por haber fumado.

El abogado general del Estado recordó que en la actualidad están abiertos algunos litigios relacionados con el tabaco, como el procedimiento contencioso-administrativo iniciado por la Junta de Andalucía contra la industria tabacalera y que incluye al Estado como titular del monopolio del tabaco.

Sin jurisprudencia

De Fuentes Bardají señaló que por ahora no hay ninguna condena que exija indemnizaciones a las administraciones por los riesgos derivados del tabaquismo y que habrá que esperar a que se genere jurisprudencia sobre este asunto.

Una gran parte de la actividad realizada por los 334 abogados del Estado se centra en el orden contencioso-administrativo (unos 80.000 procesos, en cifras redondas), seguido del orden social (14.000) y las jurisdicciones civil y penal (con 10.000 pleitos respectivamente).

El resto corresponde a la jurisdicción militar, así como los trabajos en el ámbito de la asistencia jurídica comunitaria e internacional, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y procesos ante Tribunales de Estados extranjeros.

La Abogacía del Estado gestionó durante el pasado año una importante conflictividad de índole competencial entre el Estado y las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional en cuanto a recursos de inconstitucionalidad o amparo. Muchos de ellos fueron recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a los nuevos estatutos de autonomía.

El Estado tiene abiertos pleitos por 12.000 millones de euros

Según la Memoria de la Abogacía General del Estado, que ayer presentó el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, el Estado tiene abiertos pleitos por valor de 12.000 millones de euros. Buena parte de esa cantidad proviene de las reclamaciones en las que la Administración es la demandada. Pero un porcentaje importante de los 12.000 millones no salen finalmente de las arcas del Estado, ya que cerca del 80% de las resoluciones judiciales le son favorables. Además, en concepto de costas por condena el Estado ingresó 4,2 millones durante el ejercicio pasado.

Una demanda en EE UU de 2.000 millones por el 'Prestige'

En el ámbito civil la actividad de la abogacía general gira fundamentalmente en torno a la litigiosidad patrimonial del Estado y a la reclamación de cantidades adeudadas a los diferentes entes públicos. Pero si hay un asunto que destaque en este ámbito es el proceso civil que se sigue en Nueva York contra la empresa ABS. El Estado español reclama a esa empresa 2.000 millones de dólares (1.500 millones de euros) por el siniestro del buque Prestige, ya que en opinión del abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, la compañía dedicada a realizar controles de inspección y certificación sobre los buques no hizo bien su trabajo.

El de EE UU en el que el Estado español es el demandante no es el único proceso judicial abierto en relación al Prestige. En el civil que se mantiene en Francia es España la demandada. Además, en la vía penal aún no se ha cerrado el procedimiento de instrucción que realiza el juzgado número 1 de Corcubión (La Coruña). De Fuentes Bardají quiso justificar el retraso que arrastra el procedimiento penal en que el hecho de que se trata de un 'monstruo demasiado grande' que recayó en un juzgado 'que no estaba preparado' para la magnitud del asunto. En la jurisdicción penal la Abogacía del Estado también está presente en casos de materia de delito fiscal, como el de Terra Mítica, Marina D'Or, el grupo Recoletos o Telecinco. Y en el orden contencioso-administrativo destaca el caso de la opa sobre Endesa o el derrumbamiento del Barrio del Carmelo, en Barcelona.