Autonomías

Solbes encauza la relación económica con Euskadi hasta 2011

El curso político finalizó ayer en el Ministerio de Economía con la firma de 19 acuerdos con el Gobierno vasco que garantizan la paz en las relaciones financieras entre ambas Administraciones, al menos hasta 2011.

Solbes encauza la relación económica con Euskadi hasta 2011
Solbes encauza la relación económica con Euskadi hasta 2011

Los artífices de estos acuerdos han sido el vicepresidente Pedro Solbes y la vicelendakari Idoia Zenarruzabeitia. Con ellos, ambos pusieron ayer las bases, además, para facilitar que el PNV pueda apoyar los Presupuestos estatales de 2008. Uno de los acuerdos que más esfuerzo ha costado alcanzar se centra en la revisión de la metodología para calcular el cupo, es decir el dinero que el Gobierno vasco debe pagar al Estado por las competencias que este último ejerce en Euskadi. Ayer quedó fijado provisionalmente para este año en 1.565 millones de euros, aunque esta cantidad se verá minorada en 25 millones por la participación del País Vasco en las dotaciones financieras que el Estado destina a la ley de Dependencia, en 43,9 millones por las partidas destinadas a cubrir la Ley Orgánica de Educación y en otros 57,9 millones por los fondos presupuestarios que financian la sanidad.

Ambas administraciones han pactado que si durante los años de vigencia del acuerdo (2007/2011) el Estado asumiera nuevos compromisos de financiación sobre materias cuya ejecución corresponda al País Vasco, la comisión mixta determinaría la participación financiera que, en su caso, correspondería a esta comunidad. De la misma forma, se procedería a la actualización del cupo en el supuesto de que el nuevo modelo de financiación autonómica pendiente de alumbrarse modificara el régimen de cesión de tributos que ahora gestiona el Estado.

Adaptación del Concierto

La Comisión Mixta acordó también la introducción de importantes modificaciones en el Concierto Económico vigente desde 2002. Ambas administraciones pactaron ayer la distribución competencial en la exacción y recaudación del IVA sobre el nuevo régimen fiscal de los grupos de entidades. También aprobaron los criterios de distribución entre las dos administraciones del coste de la exención tributaria del consumo de biocarburantes mezclados con carburante convencional. Asimismo, acordaron los procedimientos para aplicar la directiva europea que regula la fiscalidad del ahorro. De este modo, las instituciones vascas remitirán la información sobre intereses abonados a residentes europeos obtenidos en bancos y cajas domiciliados en Euskadi, mientras que la Administración central remitirá la información relativa a los intereses obtenidos en otros estados comunitarios por residentes en el País Vasco.

El acuerdo permitirá también elevar de seis a siete millones de euros el volumen de operaciones que determina la tributación exclusiva a la Administración, foral o estatal, en función del domicilio fiscal.

Solbes y Zenarruzabeitia firmaron que sean las instituciones vascas las que asuman las devoluciones del impuesto que grava el consumo del gasóleo de uso profesional y el gasóleo agrícola a los transportistas, agricultores y ganaderos cuyo domicilio fiscal esté en el País Vasco.

Por último, las dos partes pactaron cambiar la capacidad normativa del País Vasco en el impuesto especial sobre determinados medios de transporte (antiguo impuesto de matriculación), elevando del 10% al 15% la facultad de las tres diputaciones forales para aumentar el tipo impositivo que establezca la Administración central.

Superávit presupuestario del 0,25% del PIB hasta el año 2010

La Comisión Mixta entre el Estado y la Administración vasca aprobó ayer el objetivo de estabilidad presupuestaria para Euskadi para el periodo 2008/2010, fijado para los tres ejercicios en el 0,25% del producto interior buto de esta comunidad, sin que en el mismo se incluyan los programas de inversiones de la misma en actuaciones productivas que, con carácter excepcional, pudieran originar algún tipo de déficit.

Las dos Administraciones abordaron también los principios generales que permitirán su coordinación para conseguir este objetivo de estabilidad.

Una junta arbitral dirimirá las diferencias entre las dos partes

Los posibles desencuentros que surjan en el futuro entre las dos administraciones sobre la interpretación de la metodología para el cálculo del cupo o sobre el resto de los acuerdos alcanzados ayer en Madrid serán estudiados por una junta arbitral cuyas normas de funcionamiento, organización y procedimiento fueron aprobados ayer por la comisión mixta que se reunió en el Ministerio de Economía.

La junta arbitral estará formada por el catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad Complutense Carlos Palao, por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad del País Vasco Isaac Merino y por el catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Pública de Navarra Fernando de la Hucha. Tanto Solbes como Zenarruzabeitia subrayaron el prestigio profesional de estos catedráticos, con más de 15 años de experiencia a sus espaldas.

El País Vasco cumplirá con las reglas sobre ayudas de Estado

El vicepresidente Solbes obtuvo ayer de la vicelendakari Zenarruzabeitia el compromiso de respetar las decisiones comunitarias en materia de ayudas de Estado para evitar las sanciones de Bruselas al Reino de España.

El Gobierno central recibió el 11 de julio una nueva carta de emplazamiento de la Comisión Europea para dar una solución antes del 11 de septiembre al contencioso originado por las llamadas 'vacaciones fiscales'. La CE considera que España concedió ayudas ilegales en los años noventa a algunas empresas instaladas en el País Vasco y ha exigido que recupere dichas subvenciones, consistentes en un crédito fiscal del 45% a las inversiones y la exención parcial del Impuesto de Sociedades a las empresas de nueva creación. Solbes dejó claro ayer que trabajará para que no haya sanciones aunque, de haberlas, tendrá que responsabilizarse de ellas la Administración vasca.