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Prohibido dejar a ningún pasajero en tierra desde hoy

Lo que hasta ayer era una cortesía de los aeropuertos a partir de ahora será un servicio obligatorio financiado por las compañías aéreas. Un nuevo reglamento de la UE, que entra en vigor parcialmente hoy y completamente el 26 de julio de 2008, prohíbe de manera expresa denegar el embarque a un pasajero porque tenga alguna discapacidad o movilidad reducida.

La nueva norma pretende garantizar el acceso al transporte aéreo del 10% de la población europea (unos 45 millones de personas) que tiene dificultades para desplazarse. Bruselas recuerda que en esa categoría no se encuentran sólo las personas con alguna minusvalía 'sino también las personas mayores que no pueden recorrer los largos pasillos de los nuevos y gigantescos aeropuertos'.

Los gestores de los aeropuertos deberán encargarse de facilitar a esas personas el desplazamiento hasta la puerta de embarque y desde la puerta de llegada; guardar y recoger su equipaje; poner a su disposición sillas de ruedas o permitirle utilizar la propia (incluidas las eléctricas); facilitar el acceso de los perros guía para invidentes; y autorizar el desplazamiento por las instalaciones, llegado el caso, de la persona que asista al viajero.

La CE reconoce que las compañías suelen brindar ya esos servicios de manera gratuita. Pero Bruselas teme que el previsible incremento de personas con dificultades para desplazarse (como consecuencia del envejecimiento de la población) y la tendencia a la reducción de costes en el sector aéreo acabe dejando en tierra a los viajeros que necesitan algún tipo de asistencia especial.

'Las situación actual es insostenible', resume el departamento comunitario de Transportes, que dirige el comisario europeo Jacques Barrot. 'Salvo que se cobre a los pasajeros con movilidad reducida el coste del servicio, lo cual sería inaceptable, las aerolíneas pueden verse tentadas a denegarles el pasaje para ahorrar costes'.

Hace tres años, la principal compañía de bajo coste, Ryanair, ya tuvo un conflicto con un pasajero en el aeropuerto londinense de Stanstead porque le cobró 18 libras (26 euros) por la utilización de una silla de ruedas. La aerolínea y la autoridad aeroportuaria intentaron cargarse mutuamente una responsabilidad que acabó pagando el viajero.

Para atajar esos conflictos antes de que se generalicen, el Reglamento obligará a los aeropuertos a ofrecer los servicios indispensables para el desplazamiento de todos los pasajeros, pero establece un sistema de financiación que pagarán las aerolíneas en función del número total de viajeros que transporten cada año.

La CE cree que esta socialización de los costes (asumidos, al final, por los casi 600 millones de viajeros) desincentivará cualquier discriminación hacia los minusválidos o las personas mayores.

En la actualidad, según datos del sector, cada año se atiende en Europa a siete millones de pasajeros que necesitan ayuda para desplazarse por el aeropuerto. El coste de ese servicio, consistente habitualmente en la prestación de una silla de ruedas, supone entre 24 y 30 euros por trayecto.

Para evitar que los aeropuertos puedan lucrarse con estos servicios, el Reglamento les obligará a detallar en una contabilidad específica el coste de la asistencia prestada a personas con discapacidad o movilidad reducida.