Inmobiliario

Ballester llevará a juicio la expropiación de sus dos torres

Andrés Ballester, posiblemente el constructor más influyente de la Comunidad Valenciana, tiene un problema. La decisión del Gobierno de expropiar el suelo sobre el que construye dos torres de 21 pisos en Benidorm para incorporarlo al dominio marítimo terrestre ha indignado a la inmobiliaria, que recurrirá a los tribunales.

Ballester Inmobiliaria recurrirá hasta la última instancia judicial posible la decisión del Consejo de Ministros de expropiar el suelo sobre el que construye dos torres en la zona conocida como Punta Llisera, en Benidorm. La promotora propiedad de Andrés Ballester, considera 'arbitraria' la decisión del Gobierno de declarar de utilidad pública esta parcela, paso previo para su incorporación al dominio público marítimo terrestre.

El caso de Gemelos 28, nombre con el que se conoce la promoción de Ballester, es complejo. Sobre la parcela que se están construyendo las estructuras existía previamente un edificio que estaba a medio metro del agua. Pese a ello, no era una construcción ilegal, ya que se construyó en los años 70 sobre una parcela incluida en el Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, que tenía como peculiaridad, al margen de ser el primero que se hizo en España, el hecho de que todo el suelo municipal era urbanizable.

Sin embargo, cuando años más tarde se presentó un proyecto para derribar ese edificio y construir uno nuevo, empezó un periplo judicial. El Ayuntamiento de Benidorm autorizó la promoción, pero la Dirección General de Costas comenzó una serie de recursos al amparo de la nueva Ley de Costas. Sin embargo, la nueva legislación se había aprobado con posterioridad a la aprobación del proyecto. Los distintos recursos presentados para evitar las obras han sido ganados por los propietarios del suelo, que en 1996 fue adquirido por Ballester.

Sin embargo, no fue hasta 2005 cuando se logró la autorización de la Generalitat Valenciana para empezar el derribo y las obras de las nuevas torres, a siete metros del mar. Ballester empezó los trabajos, pese a que aún hay pendiente un recurso más de la abogacía del Estado contra la resolución del Gobierno autonómico.

Es en ese momento en el que el Consejo de Ministros anunció la expropiación de este suelo. 'Se trata de una decisión política que socava 20 años de decisiones jurídicas', afirmó ayer el abogado de Ballester, Jesús Bonet. El responsable jurídico de la empresa adelantó que van a pleitear contra la resolución del Gobierno, primero reclamando una explicación clara de la utilidad pública alegada para la expropiación. 'La utilidad pública del suelo no se sostiene. El terreno está rodeado de construcciones, algunas incluso sobre el mismo mar, y no se ha actuado contra ellas, lo que es un agravio comparativo', dijo Bonet.

Un 'gran quebranto económico'

Ballester posee 10.000 metros cuadrados en Punta Llisera. Tras un acuerdo con el Ayuntamiento de Benidorm, se concentró la edificabilidad en 2.500 metros y el resto se cedió al consistorio para hacer un balcón al mar, pero con la condición de que se hiciera el proyecto. 'Si se expropia el terreno, tendrá que ser todo y habrá que llegar a un justiprecio adecuado', recordó Reyes Ballester, hija del propietario.

En ese sentido, la empresa calculó en al menos 100 millones de euros lo que debería recibir si se expropia. El problema para la compañía es que ya ha vendido 40 de los 168 apartamentos. Unos 30 millones ingresados de los 120 que calcula que facturaría por la totalidad de la promoción. 'Muchos clientes han venido preocupados y eso daña la imagen de la empresa', dijo el responsable de marketing, Orlando Torregrosa, que aseguró que si un comprador pide la devolución del importe dado por su futuro apartamento, lo harán.