El empresariado catalán denuncia el silencio del Gobierno de cara a la cesión de El Prat
Los empresarios catalanes vuelven a reivindicar un cambio de modelo en el sector aeroportuario español. La Cámara de Comercio de Barcelona, El Círculo de Economía, la patronal Fomento de Trabajo y el RACC denunciaron ayer a través de un comunicado 'la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno' después de que el pasado marzo un millar de directivos reclamara al Ejecutivo central la descentralización del sistema aeroportuario en un acto en el IESE.
Las principales entidades económicas de Cataluña, que han constituido el denominado grupo de trabajo de infraestructuras G-4, señalan que 'hasta ahora, ha habido al respecto algunas buenas palabras pero poco más. Y el crédito a las buenas palabras se ha acabado', indican en una nota.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha prometido en diversas visitas a Barcelona que se llevará a cabo la descentralización del aeropuerto de El Prat y que la Generalitat tendrá un peso decisivo en su gestión. El grupo de trabajo quiere dejar claro que no plantean una reivindicación 'política', sino una exigencia de gestión 'eficiente'. Las entidades señalan que 'atrasar la solución de necesidades evidentes sólo acarreará perjuicios para el país y, políticamente, perjuicios para quien la obstaculice'.
El G-4, que pide 'ponerse a trabajar de inmediato y con espíritu constructivo', ha elaborado un borrador del que debe ser el futuro sistema aeroportuario a aplicar en toda España. Entre otras medidas, abogan por crear un fondo de cooperación para contribuir a la financiación de los aeropuertos deficitarios previa recalificación de los aeropuertos teniendo en cuenta su 'sostenibilidad económica propia'.
Con el modelo propuesto por las instituciones catalanas se mantendría la titularidad patrimonial y de las instalaciones en manos del Estado. La gestión correría a cargo de entidades autónomas 'bajo forma jurídica a determinar', que actuarán en régimen de concesión directa por parte de la administración central mediante canon. Según el planteamiento, estas entidades deberán estar dirigidas por un consejo de administración 'profesionalizado', sin participación política.