El Gobierno estudiará la multa de la CE a Telefónica para ver si hay 'discriminación'
El Gobierno habló el viernes por primera vez de la multa histórica impuesta a Telefónica por la Comisión Europea, que acusa a la empresa española de abusar de su posición de dominio en el mercado del ADSL. Lo hizo a través de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien aseguró, después del consejo de ministros, que el Ejecutivo no se mantendrá al margen, sino que estudiará con detenimiento la multa, sobre todo 'para considerar si pudo haber trato discriminatorio con respecto a los casos de otros países y actuar en consecuencia'.
La vicepresidenta añadió que todavía es pronto para hacer valoraciones, 'porque aún no se ha recibido la comunicación oficial de Bruselas'. La sanción se conoció el pasado miércoles. Telefónica fue multada con 152 millones de euros, la cantidad más alta por temas de competencia sólo por detrás de Microsoft. La CE considera probado que la operadora española estrechó los márgenes del negocio de ADSL para perjudicar a sus competidores y que el regulador español, la CMT, determinó los precios de la banda ancha con datos proporcionados por Telefónica que no se ajustaban a la realidad.
El problema, sin embargo, es que Deutsche Telekom y France Télécom ya fueron multadas en 2003 por prácticas parecidas, pero sus sanciones no superaron los 12 millones de euros. El miércoles, la CE argumentó que la diferencia de cuantías se debe a que las multas francesa y alemana no lograron desincentivar a Telefónica de hacer lo mismo.
Desde Bruselas, mientras tanto, también llegó la primera valoración de un comisario distinto al que instruyó el caso. Ha sido el español Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos, quien admitió que la sanción impuesta es 'muy alta', pero recordó que la responsabilidad de la Comisión Europea es aplicar las reglas de la competencia 'con todas sus consecuencias'. Almunia realizó estas declaraciones en Santander y añadió que la actuación de la CE va en beneficio de los ciudadanos.