Suspendido un juez de Marbella involucrado en el 'caso Malaya'
El Consejo General del Poder Judicial suspendió ayer de sus funciones al juez que instruye en Marbella el caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales por su imputación en la Operación Malaya, la trama municipal de corrupción urbanística. Francisco Javier Urquía está acusado de presuntos delitos de prevaricación y cohecho.
La sospecha de la implicación judicial en la trama de corrupción detectada en Marbella cobró forma ayer con la fulminante suspensión por parte del Poder Judicial del juez Francisco Javier Urquía, que investiga en la localidad otro de los casos que ha conmocionado a la capital de la Costa del Sol. Se trata de la 'Operación Hidalgo' contra el blanqueo de capitales, donde fue detenida la cúpula del bufete de abogados más conocido de Marbella, el de la familia de origen cordobés Cruz-Conde.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tomó ayer la medida por unanimidad en una reunión extraordinaria al existir sospechas de que el juez podría haber cometido delitos de prevaricación y cohecho en relación con la Operación Malaya.
El portavoz del Consejo, Enrique López, explicó ayer que el acuerdo se ha producido después de ser informado el CGPJ de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias penales contra el juez por la comisión de unos presuntos delitos de cohecho y prevaricación. El órgano de gobierno de los jueces ha contado con un informe favorable del fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín Casallo.
El auto por el que se ordena la apertura de juicio oral contra el magistrado se limita, explicó López, a poner en conocimiento del CGPJ el hecho de que se ha abierto ese procedimiento como consecuencia de la posible comisión de una serie de hechos que podían ser constitutivos de delito en el marco de la Operación Malaya. La ejecución de la suspensión será llevada a efecto por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en los próximos días. Las diligencias penales están declaradas secretas 'para tratar de defender y asegurar la investigación criminal', añadió.
López detalló que el CGPJ ha actuado en aplicación de lo previsto en el artículo 283.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que determina que es una causa de suspensión cautelar el haber ordenado proceder contra un juez por la comisión de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El juez de Urquía declarará en los próximos días por las diligencias abiertas contra él por el TSJA en una comparecencia que podría producirse incluso hoy, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Ante la comisión de estos delitos, el de prevaricación es el más grave que puede cometer un juez, el portavoz del CGPJ quiso realizar 'una llamada a sociedad española para que conserven su confianza en el poder judicial'.
Instruyó una operación antiblanqueo
La Operación Hidalgo, instruida hasta ayer por el juez Urquía, sigue abierto e investiga el presunto blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde, procedimiento en el que hay 24 imputados por el momento, entre notarios, abogados y supuestos clientes de dicho bufete. Según la investigación, el despacho se relaciona con unas 80 empresas y se dedicaba presuntamente a la creación de entramados societarios para distintos clientes, con la finalidad de ocultar el origen y la propiedad de los bienes. Varios de los arrestados en transcurso de esta operación eran notarios en ejercicio en la ciudad de Marbella, y dos de ellos ya fueron detenidos en la operación Ballena Blanca, también contra el blanqueo de capitales, cuyo principal imputado es el abogado Fernando Del Valle.