Las normas de solvencia costarán 6.000 millones a las aseguradoras
La primera actualización de las normas comunitarias de solvencia en más de 30 años costará al sector asegurador europeo unos 6.000 millones de euros. Las compañías ya han invertido la mitad de esa cifra. Y esperan que la nueva directiva, cuyo proyecto se presenta la semana que viene, siga un planteamiento económico que no dispare los costes.
No han puesto el grito en el cielo. Y no auguran perdidas millonarias ni despidos masivos. Por una vez, una patronal europea acoge un proyecto de directiva comunitaria 'felicitando a la Comisión Europea por el trabajo realizado hasta ahora'.
Ese es el positivo balance de Antoine Lissowski, presidente del Comité sobre Solvencia II de la Confederación Europea de Aseguradoras (CEA). Y lo hizo ayer, cuando sólo falta una semana para que el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, presente la actualización de las normas sobre gestión de riesgo en el sector asegurador, conocida entre los expertos como Solvencia II.
El optimismo de la patronal se basa en el estudio de impacto que ella misma ha llevado a cabo por encargo de la Comisión. Tras consultar a 442 aseguradoras, la CEA concluye que 'los costes administrativos de aplicar Solvencia II pueden ser asumibles si el futuro marco sigue un verdadero planteamiento económico basado en el riesgo'.
Si esa premisa se cumple, Lissowski calcula que la factura de la aplicación de las nuevas normas puede situarse entre 4.000 y 6.000 millones de euros, muy lejos de las astronómicas cifras que se han barajado en el sector bancario para la adaptación a una normativa similar conocida como Basilea II.
La CEA estima, además, que las aseguradoras ya han modernizado su gestión de riesgos hasta el punto de que la mitad de la inversión podría estar ya realizada. Es decir, la factura pendiente de una directiva que debe entrar en vigor en 2012 sería de 2.000 ó 3.000 millones de euros para un sector que, en 2006, superó el billón de euros en primas.
Aún así, Peter Skinner, el europarlamentario encargado de la ponencia sobre la nueva ley, augura 'duros combates' sobre puntos como la armonización de ciertas normas, el capital mínimo o el papel del supervisor.
El sector también advierte que el proceso legislativo puede derivar hacia normas mínimas de capital que choquen con una gestión adecuada de los riesgos. En ese caso, alerta la patronal, la factura 'podría dispararse al menos hasta los 10.000 millones de euros'.
Dos señales de alerta para que intervenga el supervisor
El proyecto de directiva sobre solvencia que aprobará el próximo martes la CE establece dos requerimientos de capital mínimo. El primero, a efectos de solvencia, debe permitir que una compañía absorba pérdidas significativas imprevistas. El cálculo se haría con el objetivo de reducir la probabilidad de ruina al 0,5% en un horizonte temporal de un año. Pero el supervisor no tendría necesidad de intervenir si el capital de una compañía cae por debajo de ese nivel.El incumplimiento del segundo requisito, en cambio, desencadenará, según la CE, 'actuaciones supervisoras definitivas'. Este capital mínimo podría calcularse de manera proporcional al de solvencia, con una cantidad fija como mínimo. La CE teme que los reguladores se centren en este segundo umbral, lo cual desincentivaría en las compañías la aplicación de análisis más sofisticados de los riesgos.