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Metalurgia

La SEPI ganará el doble con el cierre de Izar Manises que con la venta a Ros Casares

El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la comisión de liquidación de Izar acordaron el viernes dejar desierto el proceso de venta de la fábrica de motores de Izar en Manises (Valencia) e iniciar la liquidación de los activos, como adelantó Cinco Días.

La razón final para tomar esta decisión ha sido meramente monetaria: la SEPI ganará más del doble con la liquidación de los activos de la planta que si hubiera aceptado la única oferta de compra que había sobre la mesa, del grupo metalúrgico valenciano Ros Casares, explicaron en fuentes conocedoras de las reuniones. Las bases del proceso de enajenación exigían que se maximizara el valor patrimonial de Izar.

La decisión de la SEPI se ha basado en el informe definitivo de Boston Consulting, su asesor en este proceso, que ha revisado la última propuesta de Ros a la luz de la situación actual de la fábrica.

Según las fuentes consultadas, la oferta del grupo valenciano rondaba los 30 millones de euros: unos 25,5 millones por la plantilla que asumía (128 trabajadores) y 4,5 millones más por los terrenos de 200.000 metros cuadrados en los que se asienta el centro. La oferta ya no incluía importe alguno por la obra en curso, ya que Manises estaba ya sin carga de trabajo desde hace algunos meses.

Frente a esta propuesta, el informe incluía cuatro estudios elaborados por inmobiliarias internacionales sobre el valor de los terrenos a precios de mercado. Según estos análisis, en la situación actual (uso industrial y sin parcelaciones), la superficie que ocupa Izar Manises vale más de 60 millones de euros.

A la hora de votar la decisión final en la comisión de liquidación, los sindicatos se han abstenido, al entender que no se ha valorado la desaparición de un proyecto industrial y la destrucción de empleo.

Se inclinará un ERE

Los derechos de los trabajadores de Izar Manises quedarán garantizados con la puesta en marcha de un ERE que se negociará con los sindicatos e incluirá prejubilaciones y bajas incentivadas en las mismas condiciones que las de los afectados por el ajuste de 2004.

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